En las últimas décadas, Irán se ha librado de estallidos sociales de la mano de la represión y detenciones masivas. No obstante, los problemas económicos pueden dejar a las autoridades más vulnerables ahora, según analistas.

Las protestas de esta semana son las mayores de los últimos tres años, desde que a fines de 2022 las manifestaciones a escala nacional desencadenadas por la muerte de una joven detenida paralizaron Irán durante semanas, con centenares de muertos según los grupos de derechos humanos.

El presidente, Masoud Pezeshkian, adoptó un tono conciliador en estas protestas, iniciadas por comerciantes, prometiendo dialogar con ellos sobre la crisis por el costo de la vida, a pesar incluso de que los grupos de derechos dijeron que las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes.

El jueves, antes de que Trump amenazara con tomar medidas, Pezeshkian reconoció que los fallos de las autoridades están detrás de la crisis. “La culpa es nuestra. No hay que buscar culpables en Estados Unidos ni en nadie. Debemos servir de forma correcta para que la gente esté satisfecha con nosotros”, afirmó.

El Gobierno iraní está intentando aplicar un programa de liberalización económica, pero una de sus medidas, la desregulación de algunos cambios de divisas, contribuyó a una fuerte caída del valor del rial en el mercado no oficial.

Esto ha agravado la inflación, que ronda el 36% desde marzo, incluso según estimaciones oficiales, en una economía golpeada por las sanciones occidentales por el programa nuclear iraní.