Tensión en el Ministerio Público: malestar con la Corte por la falta de ascensos a ayudantes fiscales

El reciente acuerdo de la Corte de Justicia de San Juan que dispuso 246 ascensos en el Poder Judicial desató un fuerte malestar dentro del Ministerio Público Fiscal (MPF). De todo el listado, solo un ayudante fiscal fue promovido, pese a que en el organismo hay alrededor de 115 funcionarios en esa categoría.

El dato fue rápidamente detectado por el personal del MPF, que expresó su descontento ante lo que consideran un “ninguneo” del máximo tribunal. En el Ministerio Público entienden que se trata de un mensaje político de la Corte, que busca marcar su predominio en la asignación de cargos y reconocimientos económicos.

El descontento también se enmarca en el vacío de liderazgo que atraviesa el MPF desde el fallecimiento, en julio pasado, de Eduardo “Jimmy” Quattropani, quien durante más de dos décadas condujo el organismo con un estilo fuerte, negociador y de defensa férrea de su equipo. “Esto, con el Jimmy, no hubiera pasado”, se escuchó en varias Unidades Fiscales de Investigación.

La acordada N°118, firmada el 29 de octubre por la presidenta de la Corte, Adriana García Nieto, los ministros Guillermo De Sanctis, Marcelo Lima, Juan José Victoria, el camarista civil Juan Carlos Noguera Ramos y el fiscal General provisorio Daniel Galvani, establece que las promociones son necesarias para liberar cargos y permitir nuevas incorporaciones antes de fin de año.

En total, al Ministerio Público le correspondieron 33 ascensos (el 13,4%), cuando en procesos anteriores —como el del año pasado, coincidente con la implementación plena del sistema acusatorio— había recibido cerca del 30%. De esos 33, 30 fueron para personal administrativo y técnico, dos para maestranza y servicios, y sólo uno para un funcionario, el ayudante fiscal Patricio Díaz, de la UFI del Norte (Jáchal), ascendido a prosecretario auxiliar.

En el organismo remarcan que la molestia no pasa por el reconocimiento a otros empleados judiciales, sino por la falta de valoración del trabajo operativo de los ayudantes fiscales, quienes cumplen turnos nocturnos, tareas en la calle y guardias rotativas, un ritmo que difiere notablemente del resto del personal judicial.

Además, trascendió que existen retrasos en la provisión de insumos al Ministerio Público, que dependen de la Corte. En ese contexto, volvió a plantearse la necesidad de avanzar hacia una autarquía financiera que permita al MPF administrar su propio presupuesto sin depender de autorizaciones del máximo tribunal.

La decisión de Galvani de firmar la acordada, pese al descontento interno, también generó comentarios. Si bien reconocen que su rol es transitorio —a la espera de que la Cámara de Diputados elija al nuevo fiscal General entre Guillermo Baigorrí, Rolando Lozano y Matías Senatore—, algunos consideraron que “podría haber marcado una posición distinta”.

En los pasillos judiciales, la movida fue interpretada como una señal de fuerza de la Corte en un momento de transición institucional. “El mensaje es claro: quién tiene el poder”, resumió una fuente del ámbito judicial.