La discusión de la nueva ley de transporte generó este martes fuertes tensiones en San Juan. Afuera de la Legislatura, taxistas y remiseros se manifestaron en contra del proyecto que busca regular el traslado de pasajeros, especialmente a través de aplicaciones digitales.
Walter Ferreri, vocero de los choferes, denunció que las plataformas generan una fuga de 1.700 millones de pesos mensuales y que los descuentos exigidos recaen directamente sobre los trabajadores: “Nosotros de nuestro bolsillo hacemos un 40% de descuento porque nos obliga la aplicación y porque el gobierno lo permite. Y encima las aplicaciones nos cobran un 30% de lo que nos queda. Eso es dumping social, es explotación laboral moderna”, sostuvo.
El dirigente también cuestionó al Gobierno provincial, al que acusó de favorecer a las empresas tecnológicas: “Nos quieren sacar un problema y nos agregan uno mayor. No somos estúpidos, que dejen de hacer negocio con la gente humilde que trabaja”.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Gobierno, Laura Palma, defendió el proyecto y aseguró que busca modernizar el transporte para beneficio de los sanjuaninos: “Es una ley que ha sido trabajada con mucha seriedad, que responde a la necesidad de modificar el transporte en la provincia. Espero que los diputados acompañen, independientemente del color político”.
Palma admitió que existen resistencias, pero las atribuyó a intereses particulares: “Este es un cambio que implica tal vez para algunos que se les acabe un negocio que les ha durado años. Pero nosotros no tenemos que cuidar el quiosquito de nadie, sino pensar en los sanjuaninos”. La funcionaria aseguró que la nueva normativa dejará prácticamente “con costo cero” el trabajo diario de taxis y remises, destacando que serán los principales beneficiados.
Op: Juan Llarena
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