Entre los manifestantes que estuvieron en la reunión, Gustavo Molina resumió luego los 4 puntos que acordaron: uno de los principales acuerdos es el aumento de controles con puestos móviles, que ya no se limitarán al Centro Cívico y la Terminal de Ómnibus, sino que también se implementarán en eventos masivos, como el Carnaval de Chimbas este fin de semana. Además, los operativos se realizarán en tres turnos de ocho horas, cubriendo toda la jornada y evitando que fuera sólo el horario matutino el del control al transporte de pasajeros que consideran ilegal.

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Otro de los puntos destacados es el endurecimiento de las sanciones para los conductores de Uber y servicios similares. Se planteó modificar la forma en que se aplican las multas, pasando de una penalización en unidades tributarias a un castigo más severo dentro del marco legal, con montos más altos que dificulten la continuidad de la actividad.

Además, explicaron que el Gobierno se comprometió a lanzar una campaña de concientización para informar a la población sobre la ilegalidad de estos servicios, con el objetivo de evitar que la responsabilidad de la situación recaiga sobre los taxistas o el propio Estado.

Por último, se está trabajando en una reforma legal para que todas las licencias de taxis y remises vuelvan a estar bajo control del Estado y sean redistribuidas entre quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Remiseros y taxistas esperan que estas medidas se implementen cuanto antes para frenar lo que consideran una competencia desleal que afecta seriamente su trabajo.