En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de Javier Milei prepara una reformulación del sistema de subsidios a las tarifas de electricidad que afectará a 9,5 millones de hogares, equivalentes al 60% de los usuarios residenciales del país. La medida apunta a reducir el gasto público y focalizar las ayudas exclusivamente en los sectores más vulnerables, eliminando progresivamente los beneficios para los consumidores de ingresos medios.
Los datos oficiales del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) revelan que actualmente existen 16,4 millones de usuarios residenciales de electricidad en Argentina. De estos, 6,9 millones (42%) pagan la tarifa plena por pertenecer al segmento de mayores ingresos (Nivel 1), mientras que 6,2 millones (38,1%) reciben subsidios completos por ser considerados de bajos recursos (Nivel 2) y 3,2 millones (19,6%) acceden a descuentos parciales por estar clasificados como ingresos medios (Nivel 3).
El gasto en subsidios energéticos registró una disminución del 35% interanual en 2024, totalizando 6.252 millones de dólares. Las proyecciones para 2025 anticipan una nueva reducción hasta los 4.433 millones, lo que representaría el nivel más bajo desde 2007 en términos de participación sobre el PBI (0,7%). Esta tendencia se mantiene en el primer trimestre del año, con un desembolso de 370 millones de dólares que marca una caída del 44% respecto a igual período de 2024.
La transformación del sistema incluirá dos componentes centrales. Por un lado, se implementará un nuevo esquema de asistencia social que reemplazará la actual segmentación tripartita por un único beneficio destinado a hogares en situación de vulnerabilidad, excluyendo aproximadamente a 3,2 millones de usuarios de clase media. Por otro, se avanzará en la desregulación del mercado eléctrico mediante la Resolución 21/2025, que habilita contrataciones directas entre generadoras y distribuidoras sin intervención de Cammesa, el ente estatal que actualmente centraliza las transacciones.
Este proceso se desarrollará de manera gradual, aunque ya se observan sus primeros efectos en las facturas.
Paralelamente, la Secretaría de Energía ultima los detalles de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) que establecerá un nuevo régimen de actualizaciones para transportistas y distribuidoras, con incrementos escalonados que vendrán acompañados de exigencias de mejora en la calidad del servicio, particularmente para las empresas operadoras en el área metropolitana.
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