Tras el polémico aumento de dietas aprobado días atrás en el Senado y el pedido de sesión especial realizado ayer por el kirchnerismo para discutir los haberes en todo el Estado, un sector mayoritario del Pro en la Cámara alta, que comanda Luis Juez, le solicitó a Victoria Villarruel que ponga fecha para ir al recinto con el fin de desactivar la discutida votación del jueves pasado, que llevará el haber de legisladores desde el mes próximo -a cobrar en junio- de más de cuatro millones de pesos en mano.
El reclamo del PRO es para que la Vicepresidenta y titular del Senado “tenga a bien convocar a una sesión especial en la fecha que considere pertinente” para tratar un proyecto de resolución que eliminaría lo votado el jueves pasado, de la cual el macrismo no convalidó en el recinto. Después de la sesión concretada días atrás, el partido se interesó con mucha insistencia en demostrar que no había acompañado la decisión de la mayoría cuando, en realidad, en otras ocasiones no pinceló una postura unificada sobre el tema.
Sobre el primer aumento que otorgaron de manera conjunta -y luego retrotrajeron- Villarruel y el titular de Diputados, Martín Menem, en línea con la suba que se había otorgado para los trabajadores del Estado de febrero pasado, el único que presentó una nota a la titular de la Cámara alta para no cobrarlo -no era viable eso, salvo que lo donara- fue Juez.
Ahora, los seis legisladores argumentan que la “urgencia” del proyecto apuntan a “la importancia de demostrar ante la ciudadanía el compromiso de una mayoría de esta Cámara en acompañar la difícil situación que nuestro país atraviesa”. Lo que se preguntan en varios despachos del Congreso, tanto en Diputados como en el Senado, es dónde quedó la agenda del PRO. “¿La primera vez que pedimos una sesión este año es por esto?”, deslizaron.
Lo que sí queda en claro es que, en medio de las volteretas del macrismo sobre dicha temática, lo único que generará es mayor presión sobre Villarruel, que en esta ocasión -más allá de suponer lo que iba a ocurrir con las dietas- no tuvo intervención, ya que fue una iniciativa presentada de forma exprés por distintas fuerzas y votada en menos de un minuto, sin debate.
Qué pasó el jueves pasado
Los senadores se subieron la dieta a más de $7 millones brutos para mayo, o cerca de $4,5 millones en mano a partir de junio próximo, en una polémica votación sin debate y a mano alzada, que se habilitó en menos de un minuto y con dudas por la cantidad de legisladores que después salieron a aclarar, desesperados, para reafirmar su rechazo. Lo más curioso de todo esto es que, si el Gobierno no hubiera forzado a desactivar el aumento otorgado por Villarruel y Menem a fines de febrero pasado, la cifra a cobrar sería la mitad, es decir, $3,5 millones desde mitad de año.
Si de números se trata, el texto deja en claro que las dietas pasarán a estar conformadas por 2.500 módulos -de $1.800-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre este último punto, sólo cuatro no lo cobran en la actualidad. Además, se agregará una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo, como contó este medio el jueves pasado.
Qué pide el kirchnerismo
El bloque del Frente de Todos pidió este lunes una sesión especial para el jueves 2 de mayo con el objetivo de tratar un proyecto de la bancada opositora para que nadie en el Estado gane más que el Presidente, como adelantó el sábado pasado.
La sesión especial además incluye la emergencia presupuestaria de universidades durante 2024 -elevar inversión a $5,8 billones-; el incremento progresivo de dichas partidas para llevar al 1,4% del Producto Bruto Interno hasta 2032; y la reglamentación del precio de adquisición de energía por parte de las distribuidoras de energía a CAMESA S.A.
El bloque que maneja Mayans tiene 33 legisladores, a cuatro del quórum. Para concretar la reunión en el recinto necesitará la ayuda de la oposición no kirchnerista, donde se encuentran el PRO, la UCR, el peronismo disidente y bloques provinciales silvestres que se encuentran, semana a semana, en tironeos y negociaciones constantes con la administración nacional.
La iniciativa de Mayans fue presentada a inicios del corriente mes e impone que el Presidente de la Nación tiene que tener un haber establecido en 20 salarios mínimo vital y móvil. Ése será el máximo que se aplicará a los miembros de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, y empresas y sociedades del Estado. Como el mínimo hoy está en 202.800 pesos, el del primer mandatario quedaría en 4.056.000 pesos.
En cuanto a autoridades superiores y jerárquicas como ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios y cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en los incisos a), b), c), y d) del artículo 8º de la Ley 24.156, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo, sus remuneraciones no podrán superar 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo el concepto.
Por otra parte, a partir de Secretarios de Estado, la cifra baja a 10 salarios, mientras que para Directores/as Ejecutivos de las Empresas y Sociedades del Estado -YPF por ejemplo- será de nueve haberes mínimos. Si el proyecto obtuviera la aprobación del Senado y la sanción de Diputados -hoy, lejano-, no sólo implicará que el Presidente tenga fijado su sueldo, sino que también impactará en la Corte Suprema de Justicia: magistrados del máximo tribunal pasarían a percibir poco más de $3 millones, ya que en la escala quedarían con 15 Salarios Mínimo Vital y Móvil.
Fuente: INFOBAE
Por: Graciela Herrera
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