Senado: el kirchnerismo apuntará a la falta de Presupuesto 2025 para complicar la agenda de extraordinarias
Ya se lo advirtieron a los libertarios, que a su vez reconocen que las peleas entre la Casa Rosada y Victoria Villarruel, la falta de acuerdos más sólidos con dialoguistas, y las idas y vueltas del Ejecutivo lesionan cualquier atisbo de trabajo legislativo
Tras varias semanas de globo de ensayo y promociones sin sustento, el Gobierno activó un período de sesiones extraordinarias, que comenzará el 20 del corriente mes y finalizará el 21 de febrero próximo. En el Senado, los primeros intercambios ya encontraron un eventual reclamo del kirchnerismo, primera minoría en la Cámara alta: el cristinismo rechazará la falta de Presupuesto 2025 y dejará atado cualquier tipo de entendimiento o acuerdo -hasta ahora, nada de eso parece cercano- al diálogo y decisiones que adopte la Casa Rosada en relación con las provincias, ansiosas de fondos de cara a las elecciones de medio término.
Este tema fue confirmado a Infobae por ambos sectores. De hecho, desde el kirchnerismo criticaron al Ejecutivo por lanzar una agenda de temas sin consultar, al igual que los plazos, más allá de la potestad que tiene Javier Milei para hacerlo, sin pedir permiso a nadie. “Esta semana no va a venir ni el loro. A partir del 20, se verá. Por suerte, salvo los jueces no hay tantas cosas acá, sino en Diputados. Supongo en febrero habrá un panorama más claro. Pero nadie quiere arriesgarse con los números que hay ahora”, señalaron desde una de las bancadas.
La situación en el Senado no terminó para nada bien a fines del año pasado, con la expulsión del ahora ex legislador del peronismo disidente Edgardo Kueider -será reemplazado por la camporista Stefanía Cora-, bloques peleados y batallas internas dentro de varias bancadas. Ni hablar de la nueva guerra entre la Casa Rosada y la vicepresidenta, Victoria Villarruel. La mecánica volverá a repetirse: en caso de éxito, la medalla irá al Ejecutivo; si se traban los proyectos, la culpa será de la titular de la Cámara alta, que tampoco está exenta de errores que preocupan, en particular, durante las últimas semanas.
Con la asunción de Cora -salvo que aparezca alguna peripecia judicial-, el Frente de Todos -comanda el formoseño José Mayans– pasará a tener 34 integrantes. Es decir, a tres del quorum. Del otro lado aparecen un oficialismo y una oposición dialoguista que ya no suman un ideal de 39, sino 37, por la partida de Kueider y la extensión de la licencia sin goce de sueldo, hasta que finalice febrero, del radical Víctor Zimmermann, con un cargo en Chaco.
“De los 37, todos sabemos que con -el radical Martín– Lousteau y alguno más de ahí no se pude contar. Además, siempre dicen una cosa y después hacen otra. Y están los dos santacruceños -en referencia a José María Carambia y Natalia Gadano-, que de repente te aparecen con algo imprevisto. No sé si fue una buena idea llamar a extraordinarias. El tiempo dirá. Si se avanza poco o nada, quedará a la vista que el Gobierno sólo convocó para limar a la oposición, pero después caemos todos en la volteada”, sinceró un legislador libertario a este medio.
El 10 de diciembre pasado, el Presidente ofreció un discurso en cadena nacional para marcar los “logros” de su primer año de gestión y los desafíos a futuro. En cuanto a su agenda de seguridad, apuntó entre sus objetivos a la ley anti mafias, que ya fue aprobada por Diputados y espera desde hace semanas dictaminada en el Senado, en un escenario que el propio oficialismo reconoció como “complejo” para la iniciativa en cuestión.
A inicios del corriente mes, una persona que sigue de cerca esta iniciativa manifestó a Infobae: “La discusión en comisiones fue algo tortuosa, con un par de intentos frustrados a la hora de dictaminar. Por suerte se consiguió el despacho, pero nunca tuvo los votos para ser sancionado. Y después del fin de año que tuvimos, quedó más que tapado. Además, algunos senadores que suelen acompañarnos reclamaron cambios. Y estamos hablando de un tema sensible, no es cualquier tipo de ley”. Bajo esas aguas tendrán que navegar, en medio de feroces disputas en redes, el Ejecutivo, Villarruel y los senadores oficialistas.
El proyecto en cuestión aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y está diseñado para desactivar a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas. Un detalle no menor es que la norma también elimina las diferenciaciones según el rol dentro de la mafia: todos serían sancionados por igual, desde el jefe hasta aquel que recién ingresa al mundo del hampa.
Fuente: Infobae
Rivero. C
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