El fuego amigo que llegó de una UCR dividida, que se sumó a la siempre latente embestida que sale de las trincheras K, le propinó ayer un duro golpe al oficialismo en el Senado con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de reforma de movilidad jubilatoria que contempla, además, una mejora de los haberes del 8,1%.
A pesar de los intentos del Gobierno para modificar el proyecto con media sanción de Diputados y morigerarlo, el bloque radical se partió y fue la llave para imponer el texto tal como vino de la Cámara Baja con ayuda de los legisladores de Unión por la Patria (UxP).
Ahora la intención es tratarlo en el recinto en la sesión prevista para el próximo jueves y ronda el fantasma del veto que prometió el presidente Javier Milei porque si la ley se aprueba tal como está terminaría con el superávit fiscal al que se aferra el Gobierno y que exhibe como uno de los puntos fuertes de su gestión económica.
Después de un breve debate, el plenario de comisiones pasó a la firma los dictámenes y el texto original obtuvo mayoría con 18 firmas: además de Up, lo firmaron los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco -que firmaron en disidencia- y el santacruceño José Carambia.
‘Tenemos una semana para convencerlos’, dijo un oficialista de peso. ‘Tienen una semana para tomar nota y hacer más cambios’, sentenció uno de los radicales que firmó en contra del Gobierno.
La media sanción de Diputados plantea actualizaciones mensuales por inflación -como rige ahora por DNU- pero agrega una recomposición extra de 8,1% que se sumaría a la del 12% que ya dio el Gobierno para alcanzar a compensar el 20,6% que fue el registro del IPC en enero, el más alto del año. Pero, además, fija una actualización anual -en marzo de cada año- en base al incremento de salarios (RIPTE); y la obligación para el Ejecutivo de saldar las deudas con las cajas previsionales de las provincias y las sentencias firmes. Por último, fija que el haber mínimo será de 1,09 respecto del valor de la canasta básica total de un adulto El oficialismo pedía eliminar estos dos últimos puntos.
‘Para poner en dimensión: que se resuelvan las sentencias y cajas provinciales este año implicaría que el Estado no tenga superávit. Que tenga déficit y tenga que salir a emitir deuda’, había asegurado en la última reunión el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, también solicitaban incorporar una modificación clave para que el pago de la actualización del 8,1% se haga efectivo a partir de la sanción de la ley y no retroactivo a abril, como fija el proyecto original.
Fuente: Diario de Cuyo
Rivero. C
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