Se suspendió la audiencia del intendente de Angaco y la definición quedó para el 20 de marzo

La causa que involucra al intendente de Angaco sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el tribunal resolviera suspender la audiencia y postergar la definición para el próximo 20 de marzo. La medida se adoptó tras un planteo preliminar presentado por la defensa, que advirtió que el proceso se superpone con otra investigación penal que comenzará formalmente la próxima semana.

El origen del expediente se remonta a una denuncia presentada por concejales del departamento por hechos ocurridos en 2019, cuando presuntamente se habrían utilizado recursos y personal municipal para realizar trabajos en un predio privado ubicado en Chimbas.

El abogado defensor, Marcelo Fernández, explicó que el planteo surgió tras la intención del tribunal de exponer durante la audiencia el acuerdo alcanzado con el Concejo Deliberante. “La propuesta no fue oralizada porque, a criterio de esta defensa, la audiencia no tenía como finalidad explicar el contenido del acuerdo sino avanzar en su homologación”, señaló. Según el letrado, el procedimiento previsto por el Código Procesal establece que, una vez presentada la propuesta, se corre vista al Ministerio Público Fiscal y a las demás partes, y si no existe oposición fundada, se convoca a una audiencia para resolver su aprobación.

Fernández también indicó que la solicitud de suspensión se fundamentó en que el intendente enfrenta una nueva denuncia por los mismos hechos, presentada por la misma fiscal que interviene en la causa. “Ayer fuimos notificados de que la investigación penal preparatoria se formalizará el día 11, por lo que se estaría discutiendo en dos instancias distintas sobre un mismo tema”, afirmó.

La defensa cuestionó además el modo en que se conoció la imputación, señalando que “el fiscal tiene la obligación de brindar información verídica al imputado, pero nosotros conocimos la imputación a través de los medios y hasta ahora no se nos informó formalmente qué delito se le atribuye”. Los abogados agregaron que se presentaron voluntariamente ante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales para poner a disposición documentación y colaborar con la Justicia.

En cuanto al acuerdo con el Concejo Deliberante, que incluía el pago de $5.000.000 como reparación económica, la defensa descartó irregularidades. “Se ha sugerido que el acuerdo habría sido obtenido de manera irregular, pero descarto absolutamente cualquier tipo de ilicitud”, aseguró Fernández, aclarando que el convenio se tramitó dentro de los mecanismos institucionales previstos y con la aprobación legislativa correspondiente.

La investigación original sostiene que el intendente podría haber incurrido en malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario. Además, la discusión por el acuerdo generó una nueva denuncia para evaluar posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento agravado o incumplimiento de los deberes por parte del jefe comunal y los concejales que aprobaron la medida.

La defensa sostuvo que la nueva investigación busca interferir en el trámite judicial en curso. “A partir del miércoles comenzará a dilucidarse la verdad y el verdadero objetivo de esta denuncia, que no sería otro que entorpecer un trámite previsto por la ley”, afirmó Fernández, señalando que la oposición fiscal carece de sustento jurídico.

Tras escuchar los planteos, el tribunal resolvió suspender el tratamiento de la audiencia y diferir la decisión hasta el 20 de marzo. “Se suspendió implícitamente la audiencia, no se continuó con el tratamiento y se postergó la decisión para esa fecha”, concluyó el defensor. Así, el proceso continuará mientras avanza en paralelo la investigación que se formalizará en los próximos días.