Se hacía pasar por abogada y hasta por juez: una joven de Pocito quedó imputada por estafa
La mujer utilizó documentos falsos y líneas telefónicas ajenas para sostener la maniobra. Prometió a la víctima un supuesto juicio millonario que nunca existió.
Una joven de 29 años, oriunda de Pocito, enfrenta una causa por estafa luego de que la Justicia detectara que se hacía pasar por abogada —e incluso por un magistrado penal— para engañar a un vecino de Santa Lucía que buscaba asesoramiento tras un accidente de tránsito.
La acusada, identificada como Micaela Vega Ante, habría montado un ardid que incluyó la entrega de documentación apócrifa, resoluciones judiciales inventadas y comunicaciones realizadas desde distintas líneas telefónicas, entre ellas el número de su propia abuela para simular mensajes de un supuesto juez.
Un “juicio” inventado y un fallo millonario falso
El caso comenzó en abril de 2024, cuando la víctima llegó a Vega por recomendación. Convencido de que era abogada, le entregó $50.000 como adelanto por su representación. Desde entonces, la joven le enviaba informes bancarios falsos y escritos que aparentaban ser de expedientes judiciales.
El engaño escaló cuando Vega le aseguró que un juez había fallado a su favor y que el Estado le depositaría $8 millones el 10 de julio. Incluso envió mensajes haciéndose pasar por ese magistrado para justificar supuestos retrasos.
La mentira cae: matrícula falsa y un juez inexistente
La víctima comenzó a sospechar cuando consultó el Foro de Abogados y comprobó que el profesional que aparecía en la documentación no era juez. También descubrió que el número de matrícula que Vega le había entregado pertenecía a otra persona. Con esas pruebas se dirigió a la Justicia y formuló la denuncia.
La audiencia y las medidas judiciales
Vega fue detenida y presentada este jueves ante el juez de Garantías Federico Rodríguez, quien dispuso su liberación, pero bajo estrictas medidas de control mientras avanza la investigación.
La causa quedó tipificada provisoriamente como estafa, y se fijó un plazo de seis meses para completar la investigación.
La defensa sostuvo que el caso ya había sido analizado en la Unidad de Soluciones Alternativas y que Vega estaba dispuesta a devolver el dinero. Sin embargo, la fiscalía continuará con la pesquisa para determinar responsabilidades y definir el futuro del expediente.
Op: Juan Llarena
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