San Juan, sin Ley de Acceso a la Información Pública: un reclamo pendiente ante la falta de transparencia

En un contexto marcado por denuncias sobre contrataciones directas y aportes millonarios sin transparencia, San Juan continúa sin contar con una Ley de Acceso a la Información Pública que permita a los ciudadanos ejercer un efectivo control sobre la gestión pública.

Recientemente, el periodista Tomás Méndez denunció en el programa de El Nueve una contratación directa del Gobierno provincial por más de 685 millones de pesos a la empresa JL Distribuciones para la provisión de kits escolares. Además, se expuso un convenio entre el Ministerio de Turismo y la aerolínea Flybondi, que implicó un aporte no reembolsable de 900.000 dólares a cambio de 13.000 pasajes.

Ante estos hechos, el interbloque Cambia San Juan (integrado por Producción y Trabajo, Actuar, PRO y la UCR) presentó pedidos de informe en la Cámara de Diputados para auditar gastos públicos relacionados con el acueducto Gran Tulum, juicios contra el Estado, contrataciones directas y financiamiento de medicamentos entre 2020 y 2023.

San Juan es una de las pocas provincias argentinas que aún no adhirió a la Ley Nacional Nº 27.275, sancionada en 2016, que garantiza el derecho ciudadano al acceso a la información pública. Hasta ahora, junto a San Juan, sólo La Pampa, La Rioja y Tucumán no han dado ese paso.

A lo largo de los años, distintos legisladores provinciales presentaron proyectos para adherir a esta normativa, incluyendo iniciativas durante las gestiones de Sergio Uñac y Marcelo Orrego. En octubre de 2020, Uñac había prometido impulsar la adhesión a la ley nacional como parte de su política de transparencia, compromiso que quedó incumplido al finalizar su mandato. Por su parte, Orrego también señaló la intención de presentar un proyecto similar, pero hasta la fecha no se ha formalizado ninguna iniciativa oficial.

Desde 2017, el Bloquismo impulsó el proyecto de adhesión a la Ley Nacional a través de Edgardo Sancassani y luego Luis Rueda, y durante la gestión de Uñac, el diputado PRO Enzo Cornejo lo presentó anualmente, aunque en 2025 aún no se registró ninguna presentación.

La implementación de esta ley permitiría a los sanjuaninos acceder a información clave sobre contrataciones, licitaciones y gastos públicos, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas. Además, sería un instrumento clave para prevenir casos de corrupción, una preocupación recurrente entre los ciudadanos.

La ausencia de esta legislación en San Juan sigue generando preocupación y demanda urgente para que el poder legislativo actúe y garantice el derecho fundamental a la información pública.