San Juan: regantes y Gobierno acordaron puntos clave ante la crisis hídrica

Con el agua como eje de conflicto y de construcción, este martes se realizó un encuentro fundamental entre autoridades provinciales y representantes del sistema de riego en San Juan. En la reunión, los presidentes de las juntas de riego y el Consejo de Hidráulica entregaron un extenso petitorio que abarcó desde la eficiencia institucional hasta obras de infraestructura urgente.

Uno de los principales reclamos fue la intención de modificar el Código de Aguas. Ante esto, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, aseguró que el Gobierno no impulsará cambios en la Ley 13-A y 190-L y se pedirá el retiro del proyecto presentado por terceros en la Legislatura. “No se tocará la ley sin consenso”, fue el mensaje transmitido.

También participaron del encuentro los ministros Fernando Perea (Infraestructura), Miguel Moreno (Agricultura), David Devia (Recursos Hídricos), Emilio Achem (Secretaría General de la Gobernación) y el director de Hidráulica, Raúl Ruiz, entre otros funcionarios.

Denuncias por ineficiencia y falta de obras

Otro punto crítico planteado fue el funcionamiento del Departamento de Hidráulica, al que se le reprochó lentitud, falta de respuesta y desorganización interna. “Los expedientes quedan inertes durante meses o años”, denunciaron los regantes. Ante esto, el Gobierno se comprometió a iniciar una auditoría interna, revisar los procesos y garantizar mayor eficiencia administrativa.

En materia de infraestructura, se reclamaron obras prioritarias en el dique José Ignacio de la Roza, el partidor San Emiliano y el dique Pachimoco, así como la incorporación de maquinaria para la Tercera Zona y una renovación general del sistema de riego. El ministro Perea garantizó que estas obras comenzarán a gestionarse con participación activa de las juntas.

Autonomía, presupuesto y condiciones laborales

Las juntas también exigieron avanzar hacia la autarquía progresiva, para administrar sus recursos con mayor agilidad y transparencia. Este punto fue bien recibido por las autoridades, que evaluarán mecanismos legales para implementarlo.

Además, se reclamaron mejoras laborales para el personal del sistema: regularización de contratos, sueldos adecuados y capacitación. Las autoridades reconocieron la precariedad actual y prometieron revisar categorías, contratos y condiciones en las delegaciones departamentales.

En el plano presupuestario, los regantes pidieron acceso a los informes sobre ingresos por uso del agua, especialmente en sectores como minería y energía. El Gobierno admitió fallas en la distribución de fondos y prometió mayor claridad en los números.

Deudas, aranceles y un nuevo relevamiento

Uno de los temas más delicados fue la deuda acumulada de usuarios del sistema. Se propuso avanzar con mecanismos de cobro más eficaces, que incluyan sanciones o pérdida de beneficios para los morosos. También se confirmó la implementación de un nuevo arancel para aguas temporarias, que será de $1.460 por metro cúbico, muy por debajo de los $5.000 propuestos por el Consejo de Hidráulica, pero superior al valor anterior.

Finalmente, se acordó iniciar un relevamiento territorial de usuarios, una medida largamente postergada que permitirá mejorar la distribución del recurso y planificar con base real.

Un compromiso, muchas promesas por cumplir

El encuentro cerró con un ambiente de cautela, pero también con avances concretos. Para los regantes, el freno a la reforma del Código de Aguas es un logro clave, aunque advierten que los compromisos asumidos deben traducirse en hechos.

La provincia enfrenta desafíos urgentes: escasez hídrica, infraestructura obsoleta, presión de la minería, crecimiento poblacional y el impacto del cambio climático. Resolverlos exige planificación, voluntad política y una gestión coordinada entre el Estado y los usuarios del agua.