San Juan reclama a Nación frenar cambios en el INV y alerta por un “vacío de controles” en la cadena del vino

La desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), instrumentada a través de la Resolución 37/2025 del Gobierno nacional, encendió alarmas en San Juan. La provincia —una de las principales productoras de uva y vino fraccionado del país— envió a Nación un pedido formal para revisar los cambios previstos para el 1 de enero de 2026. Cámaras, gobiernos provinciales y productores advierten que la nueva norma pasa “de un extremo al otro” y abre un vacío en la trazabilidad vitivinícola y en la protección del pequeño productor.

En diálogo con San Juan en Noticias (Radio Mitre 95.1), el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, aseguró que la medida “generó una polvareda interesante”. El reclamo provincial se suma al planteo que ya realizaron las entidades vitivinícolas de Mendoza y Río Negro, con eje en tres herramientas consideradas claves: el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), los controles de varietales y los permisos de tránsito.

Un quiebre en el esquema de fiscalización

La resolución propone que el INV deje de supervisar todas las etapas previas al fraccionado y se concentre únicamente en el control del vino en botella. Esto implica la eliminación de trámites históricos, como la declaración jurada semanal de elaboración, la autorización para mover productos a granel y, sobre todo, el CIU, documento que certifica la titularidad del productor sobre la uva entregada.

Para San Juan, donde el sistema de “vinos de tercero” es central —productores que entregan uva, el vino queda en guarda en bodega y luego se fracciona—, el CIU es un resguardo vital. Sin ese respaldo, advierten, aumentan los conflictos de propiedad, se debilita la base de datos varietales y se compromete la información productiva provincial.

Qué pide San Juan

En el informe enviado al Ministerio de Desregulación del Estado, con copia a Economía, la provincia resume tres pedidos centrales:

• Mantener el CIU como documento de respaldo del productor y herramienta de registro histórico.

• Garantizar controles varietales verificables, más allá de las declaraciones digitales.

• Conservar los permisos de tránsito y controles de movimiento de uva, mosto y vino a granel, esenciales para la trazabilidad de la cadena y la protección del pequeño vinatero.

También solicita un marco mínimo de previsibilidad para quienes producen bajo la modalidad de “vinos de tercero”, a fin de evitar arbitrariedades en el período de guarda previo al fraccionado.

Riesgos para la trazabilidad

Otro punto crítico es la reducción de inspecciones: las bodegas dejarán de recibir unas 5.000 verificaciones anuales en etapas tempranas. Para el sector, esto puede afectar el cálculo de rendimientos, el origen declarado y la calidad del dato productivo.

Aunque el control final de genuinidad del vino fraccionado seguirá vigente, el problema aparece antes: sin CIU, sin permisos de tránsito y con controles varietales solo declarativos, se genera un “tramo ciego” que deja a la cadena sin herramientas básicas de seguimiento.

Moreno señaló que, si bien “no hay reuniones concretas acordadas”, existe comunicación con Nación y confianza en que los cambios serán revisados antes de la próxima cosecha. “La insistencia es que sea cuanto antes”, afirmó.

La vía judicial, en paralelo

Mientras tanto, cámaras y entidades vitivinícolas de Mendoza avanzan en un amparo federal para suspender la resolución. San Juan no descarta sumarse, aunque por ahora mantiene la vía político-institucional.

A semanas del inicio del nuevo año productivo, la provincia insiste en que la simplificación administrativa no puede traducirse en pérdida de trazabilidad, información y resguardo para el productor. Para el sector, retroceder en esos aspectos sería un golpe a la competitividad y a la transparencia de toda la industria.