San Juan enfrenta un déficit de talento para la minería del cobre y piden acelerar la formación de personal

La llegada de los grandes proyectos de cobre promete transformar la economía de San Juan, pero también expone un desafío que preocupa tanto al sector público como al privado: la falta de profesionales, técnicos y operarios suficientes para abastecer la futura demanda laboral de la minería.

Así lo señala un informe elaborado por el ex presidente de la Cámara Minera, Ricardo Martínez, que advierte sobre la necesidad de implementar medidas urgentes para formar el capital humano que requerirá la industria durante la próxima década. El documento ya fue presentado ante empresas y organismos del Estado con una propuesta de trabajo conjunto.

Actualmente, la minería genera más de 4.800 empleos directos en la provincia, aunque las proyecciones indican que esa cifra podría superar los 50.000 puestos cuando entren en producción proyectos como Vicuña, Los Azules y El Pachón. Si se suman los empleos indirectos vinculados a proveedores y servicios, el impacto laboral sería aún mayor.

El informe sostiene que la preparación del recurso humano debe comenzar de inmediato, ya que la formación de técnicos e ingenieros demanda varios años. Por ello, advierte que quienes operarán las minas hacia 2030 deberían estar iniciando hoy su capacitación.

Siete perfiles con riesgo de escasez

El diagnóstico identifica siete áreas donde la oferta educativa no alcanzaría para cubrir la demanda prevista entre 2028 y 2035.

Los operadores de mina y planta encabezan la lista, con una necesidad estimada de 18.000 trabajadores frente a una capacidad de formación cercana a las 3.000 personas por año.

También se prevé un fuerte déficit de mecánicos de equipos pesados, un perfil para el que harían falta unas 12.000 personas, aunque la provincia cuenta con una oferta limitada de talleres especializados.

En logística y cadena de suministro, la demanda proyectada supera los 10.500 trabajadores, mientras que actualmente no existen programas de formación específicos orientados a la actividad minera.

Entre los perfiles profesionales, el informe estima que serán necesarios unos 8.200 ingenieros de procesos y de mina. La formación depende principalmente de la Universidad Nacional de San Juan y requiere entre ocho y diez años, por lo que el crecimiento de la matrícula aparece como un desafío estratégico.

La lista se completa con especialistas en higiene, seguridad y ambiente; profesionales en tecnología, automatización y análisis de datos; y expertos en gestión social comunitaria, áreas donde también se prevén déficits debido a la escasa oferta académica especializada.

La propuesta: empresas, Estado y universidades

Además del diagnóstico, el documento plantea una estrategia para ampliar la capacidad de formación y propone que las empresas mineras participen activamente en el proceso mediante aportes económicos, equipamiento, docentes y definición de los perfiles laborales que demandará la industria.

Entre las principales iniciativas figura la expansión del sistema de aulas híbridas en los departamentos mineros, con el objetivo de pasar de las 12 actuales a 36 antes de 2030.

También propone crear el Instituto Provincial de Minería de San Juan, un centro público equipado con laboratorios financiados por compañías del sector y con planes de estudio diseñados junto a la industria para responder a estándares internacionales.

El proyecto incorpora además cláusulas de capacitación para las empresas que accedan al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), promoviendo prácticas profesionales, fondos para formación y mecanismos de seguimiento junto al Gobierno provincial.

Otro de los ejes apunta a fortalecer la capacitación para el trabajo en alta montaña, una condición indispensable para operar en yacimientos ubicados entre los 3.500 y 4.200 metros sobre el nivel del mar.

La propuesta también contempla programas destinados a fortalecer a los proveedores sanjuaninos mediante certificaciones y capacitación, además de un plan de becas para estudiantes de comunidades cercanas a los proyectos y acciones orientadas a incrementar la participación femenina en la minería, con la meta de elevarla del 12,6% actual al 25%.

Una inversión pensada a largo plazo

El informe propone financiar este esquema mediante recursos provenientes del propio sector minero. Entre las alternativas figuran destinar el 40% del Fondo Especial para el Desarrollo Minero, aportar el 0,5% de la masa salarial proyectada de los proyectos alcanzados por el RIGI y crear un Fondo de Educación Minera con el 15% de las regalías generadas por nuevos emprendimientos.

El objetivo es que, entre 2036 y 2040, San Juan no solo logre cubrir la demanda de mano de obra de sus proyectos de cobre, sino que también se consolide como un polo regional de formación y exportación de talento para la industria minera.

Op: Juan Llarena