San Juan, en pausa: el RIGI se traba por la interpretación de la ley
La aplicación del RIGI a la extensión de vida útil de proyectos mineros existentes, como Gualcamayo, genera un debate técnico que demora su aprobación. El Gobierno provincial y el sector minero abogan por una interpretación que impulse estas inversiones clave para San Juan.
San Juan enfrenta una pausa inesperada en la aprobación de proyectos estratégicos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta central para el desarrollo económico provincial impulsada por el gobierno de Marcelo Orrego. Aunque la provincia ya expresó su adhesión al régimen y hay alta expectativa por la llegada de capitales, el debate técnico sobre su aplicación a emprendimientos mineros en funcionamiento —como Gualcamayo y Los Azules— retrasa su implementación.
El eje del conflicto radica en la interpretación de la norma: ¿pueden incluirse en el RIGI aquellos proyectos que buscan extender su vida útil o solo los que se inicien desde cero? Esta es la traba que enfrenta Gualcamayo, una mina que ya produce pero que necesita nuevas inversiones para seguir operando.
El senador nacional por San Juan, Bruno Olivera, explicó que dialogó con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien le indicó que Gualcamayo no sería considerado un proyecto nuevo, sino una ampliación. “Está en debate si eso puede entrar en el régimen o no, por eso la demora. Pero me dijeron que se va a solucionar porque ingresarán nuevos fondos al país”, sostuvo.

Desde el Gobierno provincial, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, confirmó esta situación y señaló que el caso de Gualcamayo es uno de los más avanzados en el proceso de análisis. “El RIGI contempla ampliaciones de capacidad de proyectos existentes. En minería, eso se traduce en prolongar la vida útil de una mina, algo que no figura explícitamente en la ley, pero sí es asimilable a lo que pasa en otros sectores”, explicó.
Para la provincia, la interpretación favorable es clave. Perea remarcó que sin los beneficios del régimen, muchas de estas inversiones no serían rentables. “Prolongar la vida útil de un yacimiento es ampliar su capacidad. De lo contrario, ese mineral quedaría sin explotar y se perderían empleos”.
Por eso, San Juan, junto a la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), sostiene el pedido ante Nación para que este tipo de inversiones puedan ser incluidas en el régimen. “Se trata de proteger el empleo y extender el horizonte económico de nuestras comunidades”, remarcó el funcionario.
Además de Gualcamayo y Los Azules, otras empresas como Barrick y Vicuña también están a la espera de definiciones para aplicar al RIGI, lo que demuestra la importancia de resolver cuanto antes esta cuestión técnica. Mientras tanto, San Juan aguarda con atención un desenlace que puede marcar el futuro de su desarrollo minero.
Rivero. C
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