La política habitacional se convirtió en uno de los principales argumentos del Gobierno de San Juan para defender el proyecto que buscará autorización legislativa para acceder a financiamiento por hasta US$ 600 millones.
Dentro del paquete de obras que la Provincia proyecta ejecutar mediante emisión de bonos o toma de créditos, la construcción de viviendas ocupa un lugar central como respuesta al déficit habitacional y a la creciente demanda que prevén las autoridades para los próximos años.
Durante la presentación de la iniciativa, el gobernador Marcelo Orrego confirmó que una parte de esos recursos estará destinada a la construcción de más de 30 barrios y a la puesta en marcha de una línea de alrededor de 1.000 créditos individuales a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
“Vamos a buscar financiamiento para construir más de 30 barrios y poner a disposición mil créditos del IPV para la construcción de viviendas mediante el operatorio individual”, anunció.
La propuesta integra el proyecto que comenzará a debatirse esta semana en la Cámara de Diputados y que habilitaría al Ejecutivo a emitir deuda en mercados nacionales o internacionales, o bien acceder a financiamiento bancario para ejecutar obras estratégicas.
Responder al déficit habitacional
Desde el Ejecutivo sostienen que la vivienda debe ocupar un lugar prioritario dentro de la planificación provincial de largo plazo.
La explicación oficial se apoya en la proyección de crecimiento poblacional y en el impacto que podría generar la expansión minera sobre la demanda habitacional en distintos departamentos.
La intención del Gobierno es anticiparse a ese escenario mediante nuevas soluciones habitacionales y una ampliación de las herramientas de acceso a la vivienda propia.
“Las familias sanjuaninas son el centro de todas nuestras políticas”, sostuvo Orrego al fundamentar el lugar que ocupa este capítulo dentro del esquema de financiamiento.
Dos vías para ampliar el acceso
El plan contempla dos líneas de acción concretas.
Por un lado, la construcción de más de 30 barrios a través de los mecanismos tradicionales de ejecución estatal.
Por otro, la ampliación de los créditos individuales del IPV, orientados a familias que ya cuentan con terreno propio y necesitan financiamiento para construir.
Esta operatoria permitiría que unas 1.000 familias puedan avanzar en la edificación de sus viviendas sin depender exclusivamente de los planes de barrios impulsados por el Estado.
La estrategia apunta a diversificar las alternativas habitacionales y agilizar la respuesta a una demanda que continúa creciendo.
El impacto económico
Además del objetivo social, el Gobierno pone el foco en el efecto dinamizador que tendría el programa sobre la economía provincial.
La construcción aparece como uno de los sectores que podría beneficiarse de forma inmediata con la eventual aprobación del proyecto.
Las autoridades sostienen que la ejecución de barrios y viviendas individuales generará empleo directo e indirecto, movilizará a proveedores locales y fortalecerá la actividad económica.
“Esto significa crear más puestos de trabajo, darle más actividad a la construcción y generar más viviendas para la demanda que tendrá San Juan”, afirmó el mandatario.
Una apuesta al futuro
La estrategia habitacional está directamente vinculada con la expectativa de crecimiento económico que el oficialismo proyecta a partir del desarrollo de grandes emprendimientos mineros.
Desde el Gobierno entienden que ese escenario generará mayor presión sobre el mercado inmobiliario y la infraestructura urbana, por lo que consideran necesario comenzar ahora con la planificación y ejecución de nuevas viviendas.
En ese marco, el financiamiento por hasta US$ 600 millones no sólo apunta a rutas, agua o energía, sino también a fortalecer una política habitacional que aparece como clave para acompañar el crecimiento de San Juan durante la próxima década.
Los comentarios están cerrados.