Rosas a Decsa: “Devuélvannos lo que cobraron de más sin aval del EPRE”
La intendenta de Caucete apuntó directamente contra la empresa distribuidora de energía y anunció que llevará el caso a la Justicia. Asegura que hubo cobros indebidos por más de $500 millones en el servicio de alumbrado público.
La intendenta de Caucete, Romina Rosas, anunció que el municipio iniciará acciones legales contra la empresa Decsa, a raíz de una millonaria deuda en disputa por el servicio de alumbrado público. Según la jefa comunal, la empresa habría facturado montos indebidos sin contar con la autorización del EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad), generando un desfasaje económico que superaría los $500 millones.
“Desde la comuna le estamos diciendo a Decsa: devuélvannos lo que nos cobraron de más sin tener el aval del EPRE”, sostuvo Rosas en declaraciones a radio Amanecer.
Un conflicto que se remonta a 2022
La controversia se centra en el período comprendido entre diciembre de 2022 y enero de 2025, donde el municipio asegura que no se valoró ni se computó el aporte que los vecinos hacían en sus facturas. Esta omisión, explicó Rosas, habría provocado que la empresa le reclame al municipio una deuda que, en realidad, ya estaría cubierta por los usuarios.
“Hubo errores enormes por parte de Decsa. Son cerca de 500 millones de pesos que no se consideraron como aportes de los cauceteros”, explicó la intendenta. “Dicen que al municipio le queda una deuda por pagar, pero exigimos que se revisen los errores de medición y cálculo del gasto”.
Plan de pago sí, pero con condiciones
Pese al conflicto, el municipio no descarta avanzar en un plan de pago negociado, aunque Rosas aclaró que ese acuerdo deberá considerar los montos que Decsa habría cobrado de forma irregular.
“Estamos dispuestos a hacer un plan de pago, pero también vamos a la Justicia. Ese plan debe surgir de una revisión real del gasto en alumbrado público y contemplar lo que la empresa cobró de más”, afirmó.
Un mes para revisar números, pero sin frenar la demanda
Ambas partes acordaron un plazo de 30 días para revisar los números actuales del consumo y gasto en alumbrado público. Sin embargo, la intendenta dejó claro que esa instancia de diálogo no frena la vía judicial.
“Esto no impide que avancemos en la presentación judicial. Ya hemos generado la resolución para llevar el caso a los tribunales”, remarcó.
La jefa comunal insistió en que el reclamo tiene como fin defender los recursos de los vecinos y garantizar que los pagos por servicios públicos se realicen con transparencia y control. En los próximos días, el municipio oficializará su presentación ante la Justicia para dirimir el conflicto.
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