Revés judicial para el intendente de Sarmiento en su intento de desplazar al presidente del Concejo

La disputa política entre el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, y el presidente del Concejo Deliberante, Lucas Gómez, sumó un nuevo capítulo en la Justicia y, por ahora, con un resultado adverso para el Ejecutivo municipal. El jefe comunal había presentado una acción de amparo con el objetivo de desplazar a Gómez del máximo cargo del Legislativo departamental, pero el planteo fue rechazado por la jueza civil Amanda Días.

En su presentación, el intendente argumentó que Gómez, quien se incorporó a La Libertad Avanza tras haber llegado al Concejo por la lista del oficialismo orreguista, ya no pertenece a su espacio político, lo que —según sostuvo— contraviene el espíritu de la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo, la magistrada consideró que no se configuraron los requisitos necesarios para la procedencia de un amparo, una vía excepcional y de carácter urgente destinada a restablecer derechos vulnerados.

Entre los fundamentos del rechazo, Días señaló que el Ejecutivo no agotó la vía administrativa previa para intentar resolver el conflicto en el ámbito político institucional. Además, indicó que no se acreditó la existencia de un daño concreto o un perjuicio actual que requiriera una intervención judicial inmediata.

Si bien el intendente aún puede apelar la resolución, no es el único frente judicial abierto en torno a la presidencia del Concejo. La concejala oficialista Valeria Ríos, quien había sido propuesta por el Ejecutivo para conducir el cuerpo deliberativo, también presentó un amparo durante la feria judicial para impugnar la designación de Gómez. En ese escrito, sumó una medida cautelar solicitando la suspensión de su reelección como presidente del Concejo hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Ese planteo todavía no fue resuelto.

El conflicto en Sarmiento se inscribe en una serie de fuertes enfrentamientos entre intendentes y concejos deliberantes registrados en distintos departamentos de la provincia, como Caucete y Chimbas. No obstante, a diferencia de esos casos, en suelo sarmientino la tensión se concentra directamente entre el Ejecutivo y el titular del Legislativo.

Gómez accedió a su banca como concejal al ocupar el tercer lugar en la lista que encabezó Castro en las elecciones de 2023. Aquella contienda dejó un Concejo con una composición equilibrada: tres ediles del oficialismo y tres del peronismo. En ese contexto, la presidencia del cuerpo adquirió un rol clave, ya que en caso de empate es el titular quien define las votaciones.

Contra las expectativas del Ejecutivo, Gómez fue elegido presidente del Concejo con el apoyo del bloque justicialista, dejando en minoría al oficialismo. Desde entonces, acompañó al PJ en votaciones que significaron reveses para la gestión municipal, como el rechazo de balances del Ejecutivo, la ampliación del presupuesto 2025, un convenio para el uso de maquinaria municipal en un camino hacia emprendimientos privados y autorizaciones para mantener fondos en plazos fijos sin el detalle del destino de esos recursos.

La situación política terminó de tensarse cuando, el 6 de diciembre, Gómez oficializó su incorporación a La Libertad Avanza, hecho que fue difundido por el espacio que lidera el diputado nacional José Peluc. Días después, volvió a ser electo presidente del Concejo con respaldo del peronismo, lo que motivó la reacción judicial del intendente.

En el amparo rechazado, Castro buscó la nulidad de la sesión en la que Gómez fue reelecto, apoyándose en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que la presidencia del Concejo debe recaer en un edil de la lista del intendente electo. La jueza, no obstante, evitó pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y centró su decisión en los defectos formales del planteo, entre ellos una confusión en la identificación de las partes y la falta de uso del mecanismo de objeción previsto en el artículo 32 de la misma norma.

Así, el intento del Ejecutivo de remover al presidente del Concejo sufrió un freno judicial, mientras el conflicto político en Sarmiento continúa abierto y con nuevos capítulos aún por resolverse.