Remataron la casa del extesorero de la Policía y la Provincia recuperará los $47 millones del fraude
Oscar Vaneti y su esposa intentaron frenar la subasta horas antes, pero la Justicia rechazó el planteo. La vivienda fue adjudicada por $79 millones, monto que permitirá cubrir la deuda con el Estado y los costos del proceso judicial.
La Justicia concretó el remate de la vivienda del extesorero de la Policía de San Juan, Oscar Vaneti, en el marco de la causa civil impulsada para recuperar los fondos que él y su esposa, la excomisaria María Ivana Olivares, desviaron de las arcas públicas. La propiedad fue adjudicada por 79 millones de pesos, una cifra que supera ampliamente los 47 millones que la Provincia reclama como resarcimiento por el perjuicio económico ocasionado.
La subasta se realizó el pasado viernes, tal como estaba previsto, pese a un último intento de la pareja por frenar el procedimiento. Según fuentes judiciales, Vaneti y Olivares presentaron un planteo horas antes del remate, pero fue rechazado de manera inmediata por el juzgado interviniente.
La vivienda, ubicada en el barrio privado Campo de Sueño, en Santa Lucía, salió a remate con una base de $47.073.071,59, monto equivalente a la deuda actualizada que ambos mantienen con el Estado provincial. Tras una puja que se extendió durante unos 20 minutos, un oferente presentó una propuesta de $79 millones y se quedó con el inmueble.
El comprador ya abonó la seña correspondiente al 10% del valor total, equivalente a $7,9 millones, además de la comisión del martillero. Ahora dispone de cinco días para completar el pago y asumir las obligaciones pendientes vinculadas a impuestos y servicios de la propiedad.
La causa tiene origen en el escándalo que sacudió a la Policía de San Juan en 2021, cuando una investigación reveló maniobras irregulares realizadas desde la Tesorería de la fuerza. Vaneti, entonces responsable del área, y su esposa admitieron su responsabilidad en un juicio abreviado y fueron condenados por el delito de peculado, figura que sanciona la apropiación de fondos públicos por parte de funcionarios.
Mientras Vaneti recibió una pena de tres años de prisión efectiva, Olivares fue condenada a dos años y seis meses de prisión condicional. Ambos también fueron exonerados de la fuerza policial.
Tras la condena penal, Fiscalía de Estado inició una demanda civil para recuperar el dinero sustraído. Una auditoría posterior determinó que el perjuicio económico ascendía a más de $7,7 millones al momento de los hechos, cifra que con actualización e intereses alcanzó los actuales $47 millones.
Una vez que se complete el pago del remate, ese monto será transferido a las arcas provinciales. El dinero restante se destinará al pago de honorarios y gastos judiciales acumulados durante un proceso que se extendió por casi cinco años. Si quedara algún remanente, será entregado a Vaneti y Olivares.
Concluido el trámite, la pareja deberá desalojar la propiedad dentro de los 30 días establecidos por la normativa judicial.
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