Los bares en el Reino Unido podrían empezar a prohibir y censurar las conversaciones de sus clientes sobre temas considerados «controvertidos» por el Gobierno, tales como la religión, derechos de las mujeres o cuestiones relacionadas con las personas transgénero.
El Partido Laborista, liderado por el primer ministro socialista Keir Starmer, presentó un nuevo proyecto de ley de derechos laborales que incluye disposiciones destinadas a supuestamente «proteger a los trabajadores frente al acoso«.
Sin embargo, estas propuestas, dignas de una dictadura comunista, generaron fuertes críticas debido a su impacto en la libertad de expresión de los consumidores.
Entre las medidas planteadas, destaca una que exige a los empleadores garantizar que sus trabajadores estén protegidos no solo de situaciones de acoso por parte de compañeros, sino también de clientes y otros usuarios.
Las empresas que no cumplan con estas regulaciones podrían enfrentarse a demandas legales, lo que causó preocupación entre los dueños de bares, quienes temen verse obligados a controlar y censurar las conversaciones privadas entre los clientes.
Esta restricción sería aún más estricta si las opiniones expresadas se refieren a temas protegidos por la Ley de Igualdad británica, como creencias religiosas, derechos de las mujeres y personas transgénero, ideologías políticas e incluso el veganismo.
La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC, por sus siglas en inglés) expresó su preocupación, advirtiendo que la medida podría «restringir de forma desproporcionada» la libertad de expresión, incluso afectando conversaciones escuchadas por casualidad. Según su director ejecutivo, John Kirkpatrick, «clasificar el debate político como un tipo de acoso por parte de los clientes plantea cuestiones complejas«.
Kirkpatrick también señaló que el enfoque sobre el «acoso por terceros» podría llevar a censurar creencias personales, especialmente porque muchos propietarios de negocios desconocen que estos temas están protegidos por la legislación de igualdad.
«La definición legal de lo que constituye una creencia filosófica es compleja y no es bien entendida por los empleadores. Es discutible que estas dificultades puedan llevar a una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de expresión que recoge el Artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos«, advirtió la Comisión.
Los comentarios están cerrados.