Registro digital y prioridad local: la nueva Ley de Proveedores Mineros apunta a fortalecer la industria sanjuanina
El proyecto impulsado por el Ministerio de Producción ingresará a la Legislatura en los próximos días. Establece un registro digital obligatorio, jerarquiza al proveedor con valor agregado y exige a las empresas mineras planes de desarrollo local.
Tras varios meses de pausa por el contexto electoral, el proyecto de Ley de Proveedores Mineros volvió a tomar impulso y está próximo a ser tratado en la Cámara de Diputados de San Juan. La iniciativa, impulsada por el ministro de Producción Gustavo Fernández, busca fortalecer el entramado industrial local y fomentar el agregado de valor en los bienes y servicios vinculados a la minería.
“El objetivo central es apuntalar el desarrollo de los proveedores locales y, sobre todo, el agregado de valor”, explicó Fernández. El texto introduce una definición precisa de proveedor local, que distinguirá entre los pertenecientes a la comunidad directa, la provincia y el país, estableciendo una ponderación prioritaria para los sanjuaninos.
Una de las novedades más destacadas es la jerarquización de los productores con capacidad industrial, por sobre los simples intermediarios comerciales. “Debe valorarse más al proveedor que tiene un proceso de transformación industrial que a quien solo compra y revende. No es lo mismo el que fabrica desde la materia prima y genera trabajo genuino”, subrayó el ministro.
El proyecto también busca mejorar la transparencia y fiscalización del sector mediante la creación de un registro abierto, moderno y digitalizado. Este sistema será de uso obligatorio para las empresas mineras al momento de realizar licitaciones o convocatorias, permitiendo conocer la capacidad, calidad y antecedentes de los oferentes. “Queremos terminar con algunos curros y garantizar igualdad de oportunidades”, afirmó Fernández.
Por otro lado, las empresas operadoras también deberán cumplir con nuevas obligaciones. La norma exigirá la presentación de un plan de desarrollo de proveedores locales y de contratación de mano de obra, con metas de crecimiento progresivo. Estas condiciones estarán sujetas a un sistema de control y evaluación dentro de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un aspecto que hasta ahora no contaba con supervisión efectiva.
El ministro señaló que las compañías mineras no se oponen a la iniciativa, ya que reconocen que el impacto social y económico de contratar localmente “es importante para el negocio, incluso si eso implica pagar un poco más”.
Finalmente, Fernández explicó que la demora en la presentación del proyecto se debió al contexto electoral. “Decidimos ponerlo en pausa durante la campaña legislativa porque podía mezclarse maliciosamente en ese debate. Ahora el texto está listo para ingresar y discutirse con la seriedad que merece”, concluyó.
La futura Ley de Proveedores Mineros promete marcar un antes y un después en la industrialización y profesionalización del ecosistema minero sanjuanino, priorizando a quienes invierten, producen y generan trabajo en la provincia.
Op: Juan Llarena
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