Refuerzan la investigación judicial por el Acueducto Gran Tulum ante la magnitud de la prueba

La investigación judicial por la denuncia vinculada al Acueducto Gran Tulum sumó en las últimas horas un refuerzo clave. Ante la voluminosa documentación técnica y contable incorporada a la causa, el fiscal General Guillermo Baigorrí resolvió ampliar el equipo de trabajo en la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.

De esta manera, la causa quedó a cargo de dos fiscales, Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, quienes contarán con la colaboración de cuatro ayudantes fiscales, además del apoyo de personal administrativo. La decisión apunta a garantizar un análisis exhaustivo de la prueba y a evaluar con precisión si los hechos denunciados configuran delitos penales y posibles responsabilidades.

La denuncia fue presentada el 9 de diciembre por el abogado Marcelo Arancibia, quien solicitó que se investiguen presuntas irregularidades en el proceso de licitación, construcción y pago de la megaobra hídrica impulsada por el Gobierno de San Juan. En su presentación, pidió además que se analice la eventual responsabilidad penal de funcionarios que formaron parte de la gestión provincial 2019–2023, durante el último mandato del exgobernador Sergio Uñac.

Entre los puntos centrales de la denuncia, Arancibia planteó la sospecha de un direccionamiento de los pliegos licitatorios para favorecer a la empresa proveedora de caños Krah, que estaría vinculada a Gustavo Monti, primo del exgobernador y hoy senador nacional. También se cuestionó el costo del material utilizado, su respaldo técnico y la posible existencia de sobreprecios.

La presentación se apoyó en una serie de publicaciones periodísticas y fue ampliada el 19 de enero, incorporando nueva documentación. En esa instancia, se mencionó la supuesta actuación de Monti como apoderado de la empresa Krah, la reubicación del expresidente de OSSE Sergio Ruiz como asesor político, una redeterminación acelerada de precios del 55% y un eventual pago anticipado del 35% de la obra.

En función de estos elementos, la denuncia plantea de manera provisoria figuras penales como negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, administración fraudulenta, dádivas y violación de los deberes de funcionario público, entre otras.

Desde el Ministerio Público explicaron que el refuerzo del equipo responde a la complejidad técnica del caso, ya que parte de la prueba incluye planos, informes de ingeniería y documentación económico-contable, principalmente proveniente de OSSE, organismo que llevó adelante la licitación.

El Acueducto Gran Tulum es una de las obras de infraestructura más importantes de la provincia, proyectada para garantizar el suministro de agua potable por los próximos 50 años. Fue iniciada durante la gestión de José Luis Gioja y continuada bajo el gobierno de Uñac, con financiamiento de un crédito de Kuwait por 100 millones de dólares y aportes nacionales por más de 1.170 millones de pesos.

La polémica por la obra también tuvo impacto político en la Cámara de Diputados, donde se impulsaron pedidos de informes al Ejecutivo provincial. Hasta el momento, no trascendió oficialmente si esa documentación fue remitida a la Legislatura.

Con el refuerzo del equipo fiscal, la causa entra ahora en una etapa clave de análisis, que será determinante para definir el rumbo judicial de una de las investigaciones más sensibles de los últimos años en la provincia.

Op: Juan Llarena