Tras la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei puso el foco en el respaldo político que hizo posible la sanción y destacó especialmente el rol del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, a quien señaló como uno de los actores clave en la construcción de la mayoría.
La iniciativa fue aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, luego de casi 12 horas de debate. En ese marco, el Gobierno nacional difundió un comunicado en el que agradeció el acompañamiento legislativo y subrayó el apoyo de cinco mandatarios provinciales: Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza).
Según expresó el oficialismo, el respaldo de estos gobernadores resultó determinante para que, junto a bloques como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales, se alcanzaran los votos necesarios para aprobar una de las reformas consideradas estratégicas en materia de recursos naturales.
Desde la Casa Rosada defendieron la modificación como un paso hacia un esquema más federal, orientado a fortalecer el control de las provincias sobre sus recursos. En ese sentido, señalaron que la nueva normativa busca aportar mayor seguridad jurídica y establecer criterios técnicos más precisos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial.
Al mismo tiempo, el Gobierno cuestionó la ley vigente desde 2010, al considerar que presentaba ambigüedades y restricciones que dificultaban el desarrollo de actividades productivas, especialmente en sectores vinculados a la minería.
El acompañamiento de los gobernadores también fue interpretado en clave regional, en línea con los intereses de provincias con fuerte perfil extractivo, muchas de ellas integradas en espacios como la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre. Desde Nación sostuvieron que la reforma apunta a restituir a las provincias su rol como titulares del dominio originario de los recursos naturales, tal como establece la Constitución.
Además, el Presidente destacó el trabajo de los equipos técnicos y funcionarios nacionales que participaron en la elaboración del proyecto, al que definió como el resultado de un esfuerzo coordinado para alcanzar una norma “clara, federal y consistente”.
Pese al respaldo legislativo, la reforma generó cuestionamientos desde sectores de la oposición, que advirtieron sobre posibles retrocesos en materia ambiental y el riesgo de habilitar actividades en zonas sensibles. No obstante, el oficialismo logró sostener su mayoría en una sesión que transcurrió con menor nivel de confrontación del esperado.
En ese contexto, el reconocimiento explícito a los gobernadores dejó en evidencia el peso de las provincias en una votación que redefine el equilibrio entre protección ambiental y desarrollo productivo en el país.
Los comentarios están cerrados.