Reclamo millonario por el cannabis: Dobladez señala a Nación por el cambio normativo y afirma que San Juan no es responsable

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, confirmó que está al tanto del reclamo que la empresa Green Health presentó por 150 millones de dólares, al sostener que el proyecto de cannabis medicinal que impulsaba en San Juan quedó trunco por cambios en la normativa nacional. Aunque reconoció que el gobierno central “cambió las reglas de juego” para las firmas que invirtieron en el sector, remarcó que se trata de decisiones federales sobre las que la provincia “no tiene injerencia”, por lo que entiende que la administración sanjuanina no tiene responsabilidad en lo ocurrido.

Green Health reclama un resarcimiento por los “daños y perjuicios” que, según la firma, le ocasionó la imposibilidad de avanzar en la producción de cannabis medicinal y derivados. La compañía sostiene que la gestión anterior generó expectativas de desarrollo e impulsó un acuerdo con la empresa estatal Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado (CANME), por el cual desembolsó unos 3 millones de dólares desde 2021. Sin embargo, el proyecto quedó prácticamente paralizado debido a la falta de reglamentación nacional y terminó congelado tras la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME) durante el gobierno de Javier Milei.

Tras un reclamo administrativo rechazado por CANME, la empresa presentó una acción inicial en la Justicia y solicitó el beneficio de litigar sin gastos, un pedido que generó sorpresa en el oficialismo por la magnitud de su inversión y del monto reclamado.

Dobladez confirmó que Green Health es la única de las cinco empresas radicadas en el predio de CANME que inició un pedido formal de indemnización. “Hubo compañías que firmaron con CANME antes de que Nación cambiara la norma. Ese cambio fue para toda la Argentina”, señaló. También expresó su sorpresa por la cifra reclamada: “El monto es llamativo, pero son ellos quienes deben justificarlo”.

El planteo judicial quedó radicado en el Noveno Juzgado Civil, a cargo del juez Pablo Oritja, quien primero deberá resolver si corresponde o no otorgar el beneficio de litigar sin gastos. Si lo rechaza, la empresa deberá definir si eleva igualmente la demanda o si ajusta el reclamo. Si lo aprueba, avanzaría una demanda por los 150 millones de dólares, un monto equivalente a más de 220 mil millones de pesos, diez veces el presupuesto proyectado para la ampliación de la terminal de ómnibus.