Quirno explicó cómo Argentina busca frenar la explotación de hidrocarburos en Malvinas: “Vamos a ir al Tribunal del Mar”

El canciller Pablo Quirno explicó en una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve que la Argentina abrió un arbitraje para frenar el proyecto Sea Lion y evalúa pedir medidas urgentes si el Reino Unido no suspende sus operaciones

El canciller precisó que el plazo forma parte de los mecanismos previstos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. “Si el Reino Unido no toma la decisión de suspender la explotación en las Islas Malvinas, nosotros vamos a ir al Tribunal Internacional de Derecho del Mar para tener medidas provisionales que frenen esta situación”, aseguró.

La Casa Rosada sostiene que las tareas proyectadas en Sea Lion vulneran las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera reconoció la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido; la segunda exhortó a las partes a evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras persista el diferendo.

Quirno ubicó la urgencia de las medidas en los planes de producción de la empresa operadora. “Hay un riesgo y una urgencia que tiene que ver con la intención de explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de que la extracción comience antes de una definición internacional, indicó que el primer barril está previsto para 2028. “Por eso nosotros estamos haciendo esto con suficiente antelación para impedir eso”, respondió.

“Van a tener que decidir entre operar bajo licencias ilegítimas en Malvinas u operar en la Argentina con el potencial que eso tiene”, planteó Quirno al referirse a las oportunidades vinculadas con los activos energéticos argentinos.

Según el funcionario, varias compañías privadas comunicaron su decisión de no involucrarse en las actividades cuestionadas. “Las más importantes del mundo” expresaron que no participarán porque observan “la potencialidad de Argentina en la valorización de sus activos estratégicos”, relató.

Ante la hipótesis de que una entidad que financie el proyecto aspire luego a prestar dinero al Estado o a empresas argentinas, el canciller respondió: “Mejor viceversa”. Y agregó que esos actores deberán definir “cuál es su mejor negocio y cuál es su interés con respecto a lo que está diciendo la Argentina”.

En el plano local, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dispuso como medida cautelar que las petroleras involucradas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha Sea Lion. La Cancillería, a la vez, avanza con gestiones ante Estados Unidos para evaluar una eventual mediación, una alternativa que requeriría la aceptación británica.

El canciller vinculó esa definición con el reclamo previsto en la Constitución Nacional. “Tenemos un mandato constitucional que es lo que tenemos que hacer”, afirmó al describir el objetivo de reunir instrumentos diplomáticos, legislativos, económicos y judiciales.

El funcionario insistió en que la Argentina busca resolver la disputa por medios pacíficos y diplomáticos. “Si no te querés sentar a negociar, si no querés hablar nada, el statu quo se mantiene y nosotros no aceptamos ese statu quo”, declaró.

Frente a declaraciones del ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, que aludió a la administración británica de hecho sobre las islas, el jefe de la diplomacia argentina respondió: “Palabra de presidente mata palabra de ministro”.

La entrevista también abordó el proyecto de Ley de Soberanía Nacional y las críticas a un artículo que propone penas de cinco a 12 años para quienes, bajo órdenes o financiamiento extranjero, busquen alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.

“La ley no persigue ningún tipo de restricción a la libertad de expresión”, afirmó Quirno. Ante los cuestionamientos por el alcance de la figura penal, agregó: “Hay que probarlo y tenés que probar que afecte la opinión pública de manera masiva”.

El canciller afirmó que la iniciativa contempla modalidades de conflicto distintas de una confrontación militar convencional. “Hoy no es que viene un ejército y me viene a invadir. No se resuelve a los tiros, se resuelve de otra manera este tema”, planteó.

OP: Sebastián Almada