Punto de inflexión judicial por el Acueducto Gran Tulum: una audiencia clave que marcará el rumbo de la investigación por corrupción
La formalización prevista para el 14 de octubre representa un hito institucional sin precedentes en la causa. Por primera vez, la Fiscalía expondrá públicamente los cargos y pruebas contra exfuncionarios y un empresario, definiendo las responsabilidades políticas y penales en una de las obras más sensibles de San Juan. El próximo miércoles 14 de octubre, el Ministerio Público Fiscal expondrá ante la jueza de Garantías los hechos y los presuntos delitos vinculados a la licitación y provisión de caños de la obra.
La causa por las irregularidades en torno al Acueducto Gran Tulum ingresa la próxima semana en su momento de mayor trascendencia institucional. Con la audiencia de formalización fijada para el miércoles 14 de octubre, a las 14:30, la investigación judicial dará un paso clave que marcará un punto de inflexión en la búsqueda de responsabilidades sobre una de las obras de infraestructura más sensibles de la provincia.
Ante la jueza de Garantías, el Ministerio Público Fiscal expondrá formalmente los hechos y las figuras delictivas por las que pretende investigar a 11 personas, entre las que figuran diez exfuncionarios que ocuparon cargos públicos y el propietario y gerente de la empresa ganadora de la licitación para la provisión de caños.
El abogado y denunciante de la causa, Marcelo Arancibia, explicó que este procedimiento —amparado en el artículo 340 del Código Procesal Penal Acusatorio— servirá para que los fiscales detallen qué conducta específica se le atribuye a cada uno de los involucrados. “El día 14 de octubre es un día muy importante porque los fiscales han llegado a una conclusión”, destacó Arancibia, aunque aclaró que se trata de una etapa preliminar que busca determinar la existencia de indicios suficientes sobre la posible comisión de diversos delitos, sin implicar aún una condena definitiva.
De cara a este hito judicial, uno de los aspectos que concentra mayor atención es la situación procesal de dos legisladores nacionales alcanzados por el expediente, quienes gozan de fueros parlamentarios. Arancibia señaló que deberán garantizar su participación y defensa —ya sea de forma presencial o mediante vías electrónicas—, recordando que sus inmunidades constitucionales impiden medidas de fuerza como una orden de detención, por lo que cualquier eventualidad operativa deberá ser resuelta por la jueza Lucero en el marco de sus atribuciones legales.
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