El gobierno porteño se alió a grupos antiderechos para persuadir a mujeres con “embarazos vulnerables” de que no aborten. En otras palabras, les abrió la puerta a organizaciones religiosas en el ámbito de la salud. Una de ellas, Amor y Vida, liderada por una médica ginecóloga y pastora cristiana, ya tiene un puesto con logo de la Ciudad en el Centro de salud y acción comunitaria (CESAC) N°26, ubicado en el barrio de Palermo, e intentan estar en los mismos horarios en los que concurren usuarias que necesitan una Interrupción de embarazo. Un modelo de intervención similar se implementó en el Hospital Municipal Materno Infantil del partido bonaerense de San Isidro, de la mano del secretario de Salud Pablo de la Torre, el mismo que cuando fue funcionario en San Miguel blindó el distrito para impedir que se garantice la Ley de IVE.

“Si estás atravesando un embarazo vulnerable o conocés a una mujer que necesite acompañamiento te pedimos que nos contactes por los siguientes medios”, dice el folleto de la Asociación Civil Amor y Vida, con el título de “Proyecto Nacer” y el logo del gobierno porteño, que se entrega en el puesto del CESAC 26. A continuación figura el instagram, un celular y la dirección de la organización.

El nuevo Protocolo

El desembarco de Amor y Vida en el CESAC 26 estuvo precedido por el lanzamiento del Protocolo de Acompañamiento a Embarazos Vulnerables para las mujeres. “No podía ser que la peor noticia que recibiera una mujer es que estaba embarazada”, declaró el jefe de Gobierno porteño al presentarlo el 7 de agosto, en un acto en la Maternidad Sardá, la más importante de la Ciudad, rodeado de parte de su gabinete y referentes antiderechos. La vicejefa de Gobierno, Clara Muzzi, y el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, son sus fervientes impulsores. Se trata de una guía supuestamente para implementar la llamada Ley de los 1000 días, aprobada por el Congreso en diciembre de 2020 junto con la Ley de IVE, para garantizar apoyo del Estado a aquellas mujeres en situaciones socioeconómicas precarias que eligen maternar. Pero, en realidad, fue anunciado como un mecanismo para desalentar a las mujeres a abortar. Ese día acompañaron a Macri además de Muzzio y Mraida, el ministro de Salud, Fernán Quirós –a quien se lo vio muy incómodo–; y representantes de la Red de Acompañamiento a la Mujer, Cuidando Vidas, Grávida, Juntas, AME, Defensores de Mamás y el Centro de Espiritualidad Santa María (CESM), todas organizaciones con larga militancia contra el derecho a decidir de las mujeres.

Medios “celestes” celebraron la noticia del nuevo Protocolo: algunos anunciaron sin vueltas que es para “prevenir abortos”.

“El Protocolo en sí mismo no dice gran cosa. Lo más grave es la alianza explícita entre el sistema de salud y organizaciones religiosas”, analizó un funcionario del área de Salud. Es como si la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito pudiera tener puestos en los centros de salud, comparó. “Vienen con la convicción de que en los equipos de salud se induce al aborto pero desconocen la calidad de la atención de quienes viene trabajando hace años en consejería en salud sexual. Son equipos cuya base es la escucha de las necesidades y los deseos de la usuaria; bindan información científicamente validada, con un trato respetuoso, para que la persona pueda tomar decisiones con autonomía”, detalló.

Un acompañamiento que es una pantalla

La experiencia porteña muestra que las mujeres que piden una IVE o una ILE en general llegan con la decisión tomada. Las estadísticas oficiales revelan que un 1 por ciento decide continuar con el embarazo, un porcentaje histórico, desde cuando existían las consejerías pre y post aborto, y se mantuvo a partir de la sanción de la Ley de IVE, detalló la misma fuente.

El puesto del CESAC 26, ubicado en Gurruchaga 1939, tiene cartelería en español, inglés y ruso, todo con logos oficiales de la Ciudad. Se instaló hace pocas semanas. La ONG cristiana que lo atiende pretende estar presentes el mismo día en que hay turnos para mujeres que necesitan una IVE.

Desde el discurso hablan de “acompañar” a “los embarazos vulnerables” pero bajo ese paraguas buscan llevar adelante una política pública que consiste en detectar y perseguir a mujeres embarazadas para que no aborten. La insistencia, la desinformación y la manipulación son sus estrategias. Las desarrollaron primero en San Miguel, luego en San Isidro y ahora empezaron en CABA. Porque en realidad, no hay ninguna medida de acompañamiento económico a la “embarazada” en situación de vulnerabilidad más que la AUH.

Lo llamativo es que están naturalizando que se puede incorporar un culto en un centro de salud.

El Protocolo establece:

• Acompañamiento personal desde el inicio del embarazo, con entrevista, registro anónimo, reflexión, decisión libre y seguimiento de la decisión.
• Seguimiento hasta los 1.000 días desde el nacimiento del niño, con registro digital y evaluación externa.
• Consejerías integradas por equipos interdisciplinarios, coordinados por un orientador, con participación de organizaciones de la sociedad civil.
• Acceso a través de la línea 108 (opción 4), el 147, el WhatsApp de la Ciudad (11 5050-0147), hospitales y Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC).
• Capacitación del personal en aspectos médicos, psicosociales y legales.
• Evaluación anual del protocolo con posibilidad de modificaciones.

Como las “voluntarias” de las ong religiosas no son personal de salud, no tienen obligación de cumplir con aspectos clave previstos en la Ley de IVE en relación a la confidencialidad de la consulta, los plazos para garantizar la práctica y el trato digno. El temor es que se ponga en riesgo el cumplimiento de la Ley de IVE.

El Protocolo de CABA se presentó como una “política pionera” pero no es nueva: nació en el municipio de San Miguel. Esa experiencia de más de una década derivó en la Ley de los 1000 días. Concretamente consiste en identificar –con un móvil que hace ecografías a domicilio– y perseguir –con mensajes de Whatsapp insistentes e invasivos– para intentar persuadir a embarazadas para que no aborten. Lo empezaron a hacer dentro de lo que llamaron “Consejerías Guadalupe”.

Uno de sus ideólogos es el pediatra y presidente de la Asociación Civil Concordia, Pablo de la Torre, quien se desempeñó en distintos cargos hasta llegar a ser el secretario de Salud y Bienestar Familiar de San Miguel; su hermano Joaquín de la Torre, dirigente del PRO cercano a Patricia Bullrich, fue intendente y actualmente en senador provincial bonaerense. Con la llegada de Milei al Gobierno, Pablo De la Torre fue designado como secretario nacional de Niñez y Familia dentro del mega Ministerio de Capital Humano –un virtual viceministro–, pero en mayo de 2024 renunció al cargo en medio de cuestionamientos por la distribución de alimentos. Este año, en el verano, fue designado como secretario de Salud de San Isidro, un distrito gobernado por el intendente Ramón Lanús –a quien se vincula al Opus Dei– y es también alfil de la ministra de Seguridad de la Nación.

Alégrate madre aunque no quieras ese embarazo

En Amnistía Internacional Argentina recibieron numerosas denuncias de usuarias que informaban que al pedir una IVE en la Maternidad de San Isidro eran obligadas a pasar por un consultorio de “maternidades vulnerables”, donde les brindaban información falsa sobre el aborto, les exageraban los riesgos médicos, las mandaban a un servicio psicológico, o las sometían a prácticas coercitivas para que cambiaran su decisión de interrumpir una gestación. En un principio, según pudo saber este diario, esas “consejerías” eran atendidas por voluntarias de una ONG religiosa llamada Alégrate madre. AI hizo pedidos de información pública sobre el tema al municipio pero nunca obtuvo respuesta. También denunció la situación la concejal de Unión por la Patria Manuela Schuppisser. Con el revuelo, las voluntarias religiosas dejaron de atender y ahora el mismo consultorio estaría a cargo de una enfermera, con un discurso cargado de narrativa religiosa, que repite frases como “el embarazo es un regalo de Dios” o que “muchas mujeres que abortan terminan suicidándose”. Quien está a cargo de realizar las ecografías suele obligar a las mujeres que quieren abortar a escuchar “los latidos” fetales o les hace comentarios como “mirá qué bien está tu bebé” o “va a crecer sano”, según comentaron varias usuarias a este diario. La estrategia es siempre la misma: desalentar la interrupción del embarazo o dilatar la práctica, para que se supere el plazo legal de 14 semanas.

El 6 de octubre la directora provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Gisela Stablun, envió una nota al secretario de Salud, De la Torre, solicitándole una audiencia. En la nota le manifestó la preocupación del Ministerio de Salud bonaerense en relación a la atención y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las vecinas de San Isidro.

De la Torre ha declarado que su objetivo es llevar el número de nacimientos en el distrito de 900 a 2000 en el año.