Finalmente el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso su proyecto de “Ley Ómnibus” que contempla, entre otros puntos, la suspensión de la actual fórmula de movilidad que actualiza las jubilaciones y otras prestaciones sociales cada tres meses. Según la norma, el Poder Ejecutivo podrá realizar aumentos por decreto hasta que se establezca un nuevo mecanismo de revisión automática. La medida es clave para el ajuste fiscal que encarará el ministro de Economía, Luis Caputo, como punto de partida para “desindexar” el componente más sustancioso del gasto público.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, presentó este miércoles por la tarde al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el proyecto que el Gobierno llamó “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”. El capítulo tres, de “movilidad de las prestaciones”, se refiere a la suspensión de la vigente fórmula previsional.

El artículo 106 de la norma suspende la aplicación del artículo 32 de la Ley 24.241 que establece la movilidad de los haberes por jubilaciones y pensiones, de la que también dependen la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, por ejemplo. También se suspende la vigencia para prestación básica universal, la compensatoria, el retiro por invalidez, por fallecimiento y por permanencia.

El proyecto faculta al Gobierno a establecer una fórmula automática de ajuste “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, consignó.

Hasta ahora, los ajustes de haberes se dan en un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec. Si consigue la sanción en el Congreso, Milei podrá otorgarlos por decreto.

Durante el Gobierno del expresidente Alberto Fernández se había modificado la reforma sancionada en 2017 en tiempos de Mauricio Macri cuando se generó un fuerte enfrentamiento legislativo con protestas en las calles de quienes estaban en contra de ese cambio. En este último caso, la fórmula se regía en un 70% en base a la inflación y el 30% en base a los salarios.

La fuerte aceleración de los demás precios implicó que ninguno de los dos mecanismos hayan conseguido que los haberes previsionales no pierdan poder adquisitivo. En los últimos años los jubilados reciben bonos para compensar las pérdidas que arrojaba la fórmula. Una de las justificaciones que dan en La libertad Avanza es que como la inflación del último trimestre de 2023 será más baja que la del inicio del 2024, de mantenerse el esquema vigente, continuará la degradación de estos ingresos.

Por otra parte, el gasto previsional representa una clave para las cuentas públicas y el ajuste fiscal que propone Caputo. De hecho, el recorte del gasto que informó el Palacio de Hacienda contempla una reducción del 0,4% del PBI en jubilaciones. Por otro lado, si finalmente la inflación comienza a ceder en algún momento, el rezago en la actualización se dará sobre niveles más altos por lo que la necesidad de gasto crecerá en términos reales.

Según un informe de Fundación Capital, las jubilaciones y pensiones “ya se encuentran en niveles muy bajos, habiendo exhibido una baja de 1 punto del PBI en la gestión de Alberto Fernández, al tiempo que su poder adquisitivo también se vio muy perjudicado, con una caída real de 13,4% i.a. en los haberes medios en 2023 (y -30,3% vs. 2017)”. También destaca que los jubilados que cobran el haber mínimo vienen percibiendo bonos de manera ininterrumpida desde septiembre del 2022 para compensar la caída del poder adquisitivo por la fórmula de movilidad.

“En particular, estos bonos representaron un 0,7% del PBI en 2023 (del 7,6% total). Respecto de las otras prestaciones sociales, si bien luego de la pandemia se establecieron en un escalón superior al previo (nótese que entre 2016 y 2019 representaban 2,6% del PBI y en 2021 y 2022 un 3,7%), cualquier cambio en estas partidas deberá estudiarse profundamente por el impacto social que pueda tener en un contexto de recrudecimiento de la estanflación, al menos en la primera mitad de 2024″, señaló la Fundación Capital.

Por: Graciela Herrera