Los universitarios salieron este martes 23 de abril a la calle en todo el país para defender la universidad pública frente a la motosierra de Javier Milei. Junto a la CGT y sindicatos, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos y los partidos políticos marcharon de Congreso a Plaza de Mayo. También hubo marchas y actos en diferentes ciudades del país.

La Universidad de Buenos Aires dio a conocer que más de 500 mil personas se manifestaron sólo en la Ciudad de Buenos Aires, en lo que se trató de un masivo acto para defender la educación pública en contra del ajuste presupuestario de Javier Milei.

Cientos de miles de personas coparon Plaza de Mayo y todas las diagonales del centro porteño, para decirle no a la motosierra del gobierno de ultraderecha y en defensa de la educación pública, gratuita y federal.

EL CIERRE DEL DOCUMENTO

«Defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho. Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la Universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace en la sociedad del conocimiento».

«Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y Universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad Argentina a defenderla».

“UN PAÍS QUE NO INVIERTE EN CIENCIA, RENUNCIA A SU SOBERANÍA”

«Los sectores científico-tecnológicos y de investigación nacionales atraviesan uno de los momentos más críticos de su historia», alerta el comunicado leído en la Marcha Federal Universitaria, al tiempo que recuerda que «a través de las universidades y centros de investigación distribuidos federalmente, la Argentina se ha caracterizado por ser una referencia de ciencia y tecnología en el mundo entero, dotando de desarrollos de punta y profesionales de excelencia al sector público y privado».

«Nuestras científicas y científicos son desprestigiados respecto de la calidad de sus trabajos, cuestionados respecto del valor que la ciencia y la tecnología tienen para el desarrollo nacional y privados del reconocimiento que poseen su arduas labores, muchas veces de dedicación exclusiva».

«La ciencia y la tecnología forman parte de la Universidad Pública ya que la investigación es uno de sus pilares. Muchas investigadoras e investigadores no llegan a fin de mes y carecen de información cierta sobre la posibilidad de continuar con sus proyectos por los recortes en Conicet, así como en Institutos dependientes de las Universidades. La ciencia y tecnología son aspectos sustanciales para la producción de soberanía, desarrollo y progreso. Un país que no invierte en ciencia, renuncia a su soberanía”.

«El desfinanciamiento de la universidad y el sistema científico va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico. Es un retroceso para la economía del país que puede tener en las exportaciones basadas en la economía del conocimiento un sustento significativo».

«Gracias a su sistema universitario y científico, Argentina es el primer país de América Latina en I+D+I. En este país se fabricó uno de los diez reactores de energía más importantes del mundo. Entre 2018 y 2022, la producción de software generó 19.500 millones de dólares. Más de 100 nuevas empresas en biotecnología han puesto al país también en el primer puesto de América Latina. Gracias a la investigación aeroespacial en la Universidad Pública, Argentina es uno de los diez países que tienen capacidad para diseñar y producir satélites».

«SIN SALARIOS DIGNOS, LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ES INVIABLE»

«En estos últimos meses, el salario de las trabajadoras y trabajadores ha perdido 50 % respecto de la inflación. Este deterioro salarial se hermana con el del resto de los sectores del mundo del trabajo. Ello lleva a retomar consignas de hace más de 20 años: ¡Ningún trabajador o trabajadora de las universidades nacionales por debajo de la línea de pobreza!».

«Reivindicamos los Convenios Colectivos sectoriales – docentes y nodocentes – y el espacio paritario nacional con participación plena del Gobierno Nacional, quien hasta ahora malversa su participación, imponiendo aumentos paupérrimos de manera unilateral. De esta manera, se cancela de hecho la negociación colectiva, pilar del diálogo social, y uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo reconocidos por la OIT».

«Exigimos paritarias libres, sin techos, para garantizar salarios acordes a la situación inflacionaria y que permita recuperar con urgencia lo que se ha perdido. Sin salarios dignos de docentes y nodocentes, la universidad pública es inviable».

«También es indispensable que se mejore de manera urgente la situación de las jubiladas y jubilados que atraviesan otro período de pérdida salarial, y que se restituya inmediatamente el FONID para toda la docencia inicial, primaria, media, terciaria y preuniversitaria».

LOS NÚMEROS DEL AJUSTE

Fragmentos del documento que se leyó en Plaza de Mayo

«Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento; la partida que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las Universidades para que puedan funcionar (mantener edificios, realizar obras, sostener programas de becas, residencias y comedores, incentivar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios y proyectos de investigación, y pagar servicios básicos, alquileres, seguros y la protección de sus sedes)».

«Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas, dispuesto para el mes de marzo, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo».

«Además, las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que habilitaba la posibilidad de desarrollar la infraestructura incorporando obras que por su envergadura es imposible afrontar con propio presupuesto, se encuentran paralizadas y no hay certezas ni información respecto de su continuidad».

«Cabe destacar que más del 90% de lo que el Estado invierte en la Educación Superior se destina al pago de salarios de quienes trabajan como docentes y nodocentes en las universidades».