Presupuesto 2026: el Gobierno busca eliminar los topes mínimos de inversión fijados para ciencia y educación
Javier Milei anunció una suba en las partidas educativas en 2026, pero los gremios advierten que profundiza el ajuste. Todos los detalles
El Gobierno envió al Congreso el Presupuesto 2026 que contempla fondos para las universidades nacionales y que las propias casas de estudio tildaron de insuficientes. El proyecto incluye, además, el fin de la obligación que tiene el Estado de invertir 6% del PBI en el sistema educativo.
El Presupuesto 2026 fija $4,8 billones en las partidas para las universidades nacionales. El artículo 30 de la propuesta oficial, el Ejecutivo busca derogar la obligación que tiene el Estado de invertir 6% del PBI en educación, que surge de la ley 26.206. El año pasado, la hoja de estimación de ingresos y gastos suspendía esta norma de 2006 y que se cumplió solo por 12 meses.
La Casa Rosada, además, propone dejar sin efecto las normas que garantizan una inversión de 0,52% del PBI en ciencia y tecnología y 0,2% del PBI en educación técnico profesional y los fondos para los institutos educativos de Defensa.
“Las derogaciones de los artículos de leyes preexistentes sobre educación, ciencia y tecnología, de aprobarse, quedarían desarticulando de manera permanente un esquema de financiamiento, yendo finalmente a la destrucción de esos sistemas, sobre todo el de ciencia y tecnología y de Defensa que son estratégicos para consolidar un futuro de una nación”, sostuvo el secretario general de la Conadu, Carlos De Feo a TN.
El reclamo de las universidades sobre el Presupuesto 2026
“Para los universitarios, los anuncios del Presidente no es ninguna buena noticia. Los propios rectores han marcado que, de acuerdo a los números que ellos tienen, este presupuesto estaría prácticamente más de un tercio por debajo de lo que las universidades necesitarían para seguir funcionando normalmente”, sostuvo a TN, el secretario general de Conadu, Carlos De Feo.
En cadena nacional, el presidente Javier Milei adelantó que se les asignará $4,8 billones a las casas de altos estudios. De acuerdo con los cálculos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el monto que necesitan las universidades para 2026 totaliza en $7,32 billones.
Según las autoridades de las universidades, esa cifra “actualiza y anualiza las partidas de la ley de Presupuesto 2023” y contempla gastos de personal, funcionamiento y programas universitarios.
“Detrás del anuncio hay una profundización del ajuste. No esperamos otra cosa de este gobierno al que no le importa la educación ni la ciencia. La situación es inédita. Hay docentes universitarios que hacen delivery para llegar a fin de mes”, señaló la secretaria general de docentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Clara Chevalier.
En tanto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzó a implementar este lunes un plan de restricción de gastos operativos. Las medidas abarcan desde la prohibición del uso de calefacción o aires acondicionados hasta la restricción de programas de extensión universitaria o investigación, excepto para los hospitales universitarios.
Cuál es el costo fiscal de la ley de financiamiento universitario
La semana pasada, el vicerrector del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, detalló el costo fiscal de la ley de financiamiento que vetó Javier Milei y que este miércoles, la Cámara de Diputados logró revertir la decisión del Ejecutivo.
“El Presidente tenía a su firma la posibilidad de promulgar una ley que para su aplicación requería de una inversión del 0,14% del PBI, absolutamente marginal y que sin comprometer fiscalmente a nuestro Estado, que garantizaba las condiciones mínimas e indispensables para poder llegar a fin de año funcionando con normalidad”, relató Bartolacci.
En los principales puntos, el proyecto propone una recomposición salarial para docentes y no docentes, en línea con la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. También implica que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incrementará de forma escalonada hasta alcanzar una participación del 1,5% del PBI en 2031.
En tanto, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, planteó: “El costo que le asigna el Gobierno a la implementación de la medida es de 0,1% del PBI. Solo lo que le costó al Gobierno la rebaja en Bienes Personales es el 0,41% del PBI».
Los rechazos a los vetos ahora pasan al Senado. Si la Cámara Alta toma la misma decisión que Diputados, la oposición de Milei al financiamiento universitario queda sin efecto. De esa manera, el Ejecutivo deberá promulgar ambas leyes.
Fuente: TN
Rivero. C
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