Un nuevo escándalo sacude a la comisaría 31ra de 9 de Julio, donde un oficial y un comisario se encuentran en la mira tras ser acusados de firmar un informe pericial falso. Este incidente, que recuerda a un caso anterior investigado en diciembre pasado, ha generado preocupación en la comunidad y ha puesto en entredicho la integridad de la fuerza policial local.
El caso surgió durante una audiencia de un juicio por violencia doméstica, donde un individuo fue detenido y se le confiscó su teléfono celular como parte de las medidas de rigor. Sin embargo, cuando se solicitó el testimonio del perito que supuestamente había elaborado un informe técnico sobre el dispositivo, este negó haber participado en tal actividad, incluida la firma atribuida a él en el documento.
La denuncia de esta presunta falsificación se convirtió rápidamente en objeto de investigación en la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, dirigida por el fiscal Francisco Pizarro, quien junto a la ayudante fiscal Gemma Cabrera ha iniciado el proceso para esclarecer los hechos. Los principales implicados hasta el momento son un oficial de apellido Montilla y un comisario de apellido Montaño, quienes firmaron el acta en cuestión, alegando la autenticidad de un informe que no contaba con respaldo pericial.
Se espera que en los próximos días la Fiscalía formalice las imputaciones contra estos funcionarios policiales por presunta falsificación de documentos públicos y por no cumplir con sus deberes. Cabe destacar que estos delitos conllevan penas que podrían permitir la libertad del imputado durante el proceso, según informaron fuentes judiciales.
Este caso guarda similitudes con otro sucedido el pasado diciembre, donde dos policías de la seccional 5ta fueron investigados por una situación análoga. En aquella ocasión, el comisario inspector Marcelo Paredes y el oficial ayudante Mauro José Gómez fueron señalados por firmar un acta con un informe técnico supuestamente elaborado por un perito, quien negó haber participado en ello.
La gravedad de estos eventos ha generado un cuestionamiento profundo sobre la conducta ética y profesional de ciertos miembros de la fuerza policial, así como sobre los protocolos de actuación en el manejo de evidencia y documentación en casos judiciales.
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