Policía sanjuanino acusado de filtrar datos a la barra de San Martín: revelan mensajes que lo comprometen

La Justicia de San Juan avanza en una grave investigación que salpica a un efectivo policial señalado por colaborar con la barra brava de San Martín. Este lunes se desarrolló la audiencia de formalización contra Diego Ruarte, quien se desempeñaba en la UFI Delitos contra la Propiedad y está acusado de filtrar datos sensibles a la facción conocida como Pueblo Viejo.

La audiencia es presidida por la jueza Flavia Allende y cuenta con la presencia de los fiscales Francisco Pringles, Iván Amarfil y Herrera, además de los defensores Néstor Olivera y Marcelo Sández.

Datos filtrados y una red de favores

Según expusieron los representantes del Ministerio Público, Ruarte habría compartido con miembros de la barra denuncias, pedidos de captura, órdenes de allanamiento y movimientos estratégicos de Fiscalía. Esta información habría beneficiado principalmente a Franco “Chorico” González, considerado uno de los líderes del grupo.

González fue detenido el 11 de noviembre junto a su hermano en el barrio Costa Canal, en el marco de la causa que investiga fuertes enfrentamientos internos dentro de la barra.

Para acceder a los datos, González mantenía encuentros pactados con Ruarte mediante palabras clave, e incluso—según la acusación—el policía solicitaba entradas o favores a cambio.

Los mensajes recuperados que comprometen a Ruarte

La prueba más contundente surgió de un celular que González intentó descartar durante su detención, arrojándolo a una acequia. Fiscalía logró recuperarlo y extraer conversaciones mantenidas entre el 9 de agosto y el 19 de septiembre de 2025, en pleno avance de la investigación.

Entre los mensajes leídos en la audiencia se encuentran frases como:

• “Para Diego, quiero saber qué onda, a quién pija denunciaron esos giles”

• “Mirá cumpa, yo a él le pagué y quedé bien. Pidieron 200 y se los pasé”

• “Cumpa, tengo que hablar con vos”

Los fiscales sostienen que estos intercambios prueban que existía un flujo constante de información entre Ruarte y los integrantes del Pueblo Viejo.

Inconsistencias y pedido de medidas

Otra irregularidad señalada es el domicilio que el policía aportó ante la Justicia: declaró vivir en el Loteo Parque Norte, en Chimbas, pero al intentar allanar la propiedad se constató que se trataba de una casa deshabitada.

Ruarte fue removido de su puesto original y trasladado a la Unidad de Abordaje Territorial, dependencia que también maneja información reservada. Por este motivo, los fiscales solicitaron ocho meses de Investigación Penal Preparatoria (IPP) y tres meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

La causa continúa en desarrollo mientras la Justicia analiza el impacto que la presunta filtración de datos pudo tener en otras investigaciones en curso.

Op: Juan Llarena