Polémico pedido en el juicio por Tellechea: la defensa solicitó que la familia pague los costos del proceso
En una jugada llamativa, los abogados de Luis Alonso y Eduardo Oro reclamaron la absolución de los imputados y pidieron que la querella afronte los gastos del juicio. Acusaron a la familia de impulsar una causa “vacía de pruebas”.
El juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea, que se desarrolla en la Justicia Federal de San Juan, sumó este jueves un nuevo capítulo polémico. En el cierre de sus alegatos, la defensa de los exdirectivos de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan, Eduardo Oro y Luis Alonso, pidió su “absolución lisa y llana” y solicitó que la familia del ingeniero —a través de su abogado querellante— se haga cargo de las costas del proceso judicial.
El planteo fue realizado por el abogado defensor Marcelo Fernández Valdez, quien argumentó que “las circunstancias que hemos vivido en este juicio no pueden quedar en la nada misma”. Según sostuvo, el caso fue impulsado sin pruebas suficientes, forzando al sistema judicial a desarrollar un proceso “innecesario”, y aseguró que “la sentencia va a declarar perdidosa a la querella”. La petición fue dirigida contra la familia Tellechea, representada por el abogado Conrado Suárez Jofré.
Las costas judiciales incluyen todos los gastos incurridos por el Estado durante la tramitación del expediente: pericias, recursos humanos, insumos y diligencias, entre otros. Teniendo en cuenta que la causa comenzó a investigarse en el fuero federal en 2011, el monto podría ser “cuantioso”, según fuentes judiciales. Incluso se reveló que el Consejo de la Magistratura de la Nación asignó una partida especial para el desarrollo del juicio debido a su complejidad y duración.
Fernández Valdez también planteó, a través de la codefensora Ludmila Derka, que el juicio “nunca debió realizarse”, porque el delito de desaparición forzada de persona no estaba tipificado en el Código Penal al momento del hecho, ocurrido en 2004, lo que —según su criterio— viola el principio de legalidad penal al aplicar una ley de forma retroactiva.
Durante su exposición, el defensor criticó con dureza tanto al Ministerio Público Fiscal como a la querella. “Acá la intención es que alguien salga responsable, sin importar si hay pruebas, para quedar bien con la sociedad”, afirmó. Además, señaló que la causa se construyó sobre “una historia caprichosa e infundada vacía de contenidos probatorios”.
Cabe recordar que en marzo, la querella solicitó prisión perpetua para siete de los imputados, todos con vínculos con la Mutual de la UNSJ y el entorno del gobierno provincial de entonces. El Ministerio Público Fiscal acompañó esa acusación, aunque no pidió penas para todos los involucrados.
El juicio, que lleva más de una década en desarrollo, continuará el próximo martes 19 de agosto con los alegatos del abogado Carlos Rivadeo, defensor de Mario León e Isabel Ahumada. Se espera que el fallo llegue a fin de año.
Op: Juan Llarena
Los comentarios están cerrados.