Plazo final para Naturgy: deberá sanear y cerrar su predio en 6 meses

Ubicado entre las calles Benavídez, Necochea, Oro y Luna, el terreno de casi siete hectáreas funciona como depósito irregular de materiales eléctricos, escombros y transformadores en desuso. Según la inspección de la Secretaría de Ambiente y el Municipio de Chimbas, la empresa no cuenta con habilitación vigente, lo que constituye una infracción grave a la normativa ambiental.

Residuos peligrosos y riesgos detectados
El relevamiento oficial, registrado en el acta N° 1076, detalla la presencia de más de 1.200 metros cúbicos de escombros acumulados sin control, 230 transformadores en desuso —algunos contaminados con aceites minerales y mezclas de hidrocarburos—, ausencia de señalización y sistemas de contención, y la falta de inscripción como Generador de Residuos Peligrosos según la Ley 522-L. Además, la empresa tampoco figura como Gran Generador de Residuos Sólidos Urbanos, tal como lo exige la Ley 1114-L.

Para la Defensoría del Pueblo, estos incumplimientos representan un “alto riesgo ambiental” que afecta la salud pública y el ecosistema urbano-industrial.

Exigencias y advertencias judiciales
A partir del informe, la Secretaría de Ambiente ordenó a Naturgy presentar de inmediato un plan de saneamiento que contemple el retiro progresivo de escombros, residuos peligrosos y transformadores contaminados. Paralelamente, el Juzgado de Faltas 3° nominación otorgó un plazo de 180 días para cerrar el predio, limpiar el terreno y dejarlo en condiciones seguras. El incumplimiento derivará en sanciones más severas e incluso en acciones judiciales adicionales.

La Defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, subrayó que el monitoreo será constante: “Estamos frente a una situación de contaminación sostenida en el tiempo que debe ser resuelta con urgencia y en el marco de la ley”.

Un caso con antecedentes y seguimiento activo
La intervención comenzó en mayo, cuando empresarios del Parque Industrial denunciaron el estado del predio. Desde entonces, la Defensoría, la Secretaría de Ambiente y el Municipio de Chimbas coordinaron inspecciones y relevamientos que derivaron en este ultimátum.

Ahora, Naturgy se encuentra ante una disyuntiva: cumplir con la normativa ambiental vigente o enfrentar un proceso judicial con consecuencias económicas y de imagen. El caso marca un precedente en la provincia en materia de control ambiental y demuestra, según la Defensoría, que “ninguna empresa puede operar al margen de la ley y sin asumir el impacto de su actividad sobre el entorno y la comunidad”.

POR LIC. EUGENIA VILA