Pidió una junta para definir su imputabilidad y frenó el juicio por portación de arma

Lo que iba a ser el inicio normal del juicio oral por portación ilegal de arma contra el abogado penalista Oscar Adárvez dio un giro inesperado este miércoles. Apenas comenzada la audiencia, el propio imputado —que además ejerce su propia defensa— pidió que se le practique una junta interdisciplinaria para determinar si es imputable y si está en condiciones de enfrentar el proceso.

La solicitud sorprendió a todos en la sala, aunque la ley contempla que cualquier acusado puede requerir este tipo de evaluaciones. Por ese motivo, el fiscal Fernando Bonomo no presentó objeciones y el juez Ricardo Grossi autorizó la medida. El equipo estará integrado por un psicólogo, un psiquiatra y una asistente social, quienes deberán analizar el estado actual del abogado y emitir un informe que definirá si el debate puede continuar.

Adárvez, de 81 años, está acusado de portar un revólver calibre .38 sin la documentación correspondiente. El episodio ocurrió en abril de 2025, en su estudio jurídico ubicado en Avenida Alem e Ignacio de la Roza. Ese día, tras la alerta de un presunto robo, la policía llegó al lugar y, mientras entrevistaba al letrado, operadores del CISEM informaron que lo habían captado con un arma en la cintura. Al ser requerido, exhibió el revólver, pero no contaba con permiso para portarlo. Fue detenido y pasó tres días con prisión domiciliaria, hasta que la causa avanzó a juicio.

Figura conocida en el ámbito judicial y mediático sanjuanino, Adárvez fue candidato a gobernador en 1987 por la UCD, tuvo participación en causas resonantes y mantuvo presencia constante en medios locales. Ahora, el futuro del proceso dependerá del informe que elaboren los profesionales. Una vez presentado, el juez deberá resolver si el juicio se reanuda o si corresponde suspender su avance.