La diputada nacional por San Juan Nancy Picón, referente del orreguismo y presidenta del bloque Producción y Trabajo, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación que generó impacto político: propone aplicar una sanción económica directa a los funcionarios públicos que se aparten del texto oficial de juramento al asumir un cargo.
La iniciativa fue difundida por la propia legisladora a través de sus redes sociales, donde anunció la presentación de nuevos proyectos al inicio del período legislativo 2026. “Empezamos el 2026 presentando nuevos proyectos de Ley en la HCDN”, escribió.
Entre las propuestas, Picón impulsa en primer término la prohibición total de la pirotecnia sonora en todo el país, bajo el concepto de “pirotecnia cero”. Según explicó, el uso de estos elementos genera graves perjuicios en personas con hipersensibilidad auditiva, en animales y en el ambiente, por lo que consideró necesario avanzar con una regulación nacional más estricta.
No obstante, el proyecto que despertó mayor repercusión fue el referido al juramento de funcionarios públicos. La iniciativa establece que toda persona que, al momento de asumir una función en cualquiera de los poderes del Estado, se aparte de la fórmula de juramento prevista en los reglamentos vigentes, deberá donar de manera automática el 50% de su salario.
En diálogo con DIARIO DE CUYO, Picón explicó que la propuesta surgió tras observar situaciones ocurridas durante la última jura de diputados nacionales. “Fue de público conocimiento ver cómo algunos diputados juraban por banderas de otros países o por personas condenadas con sentencia firme, rozando lo que es la apología del delito”, sostuvo.
“Eso nos hace preguntarnos qué garantía tenemos de que luego nos representen como corresponde. Desde ese lugar, pueden jurar por el símbolo o la persona que quieran, pero cuando se salen de lo establecido, el Poder Ejecutivo les reduce el sueldo al 50%. Ese porcentaje ingresa inmediatamente al sistema para financiar distintos programas sociales y volver a la sociedad”, agregó.
El texto del proyecto, al que tuvo acceso este medio, detalla en su artículo primero que la donación será obligatoria y automática para todo funcionario que se aparte del juramento reglamentado. Asimismo, establece que los fondos serán destinados al Ministerio de Capital Humano, o al organismo que lo reemplace en el futuro, para su afectación a programas de contención social.
La iniciativa también aclara que la quita salarial no podrá ser objetada posteriormente. “Quien se aparte de las fórmulas establecidas estará aceptando incuestionablemente la reducción de sus haberes”, señala el articulado.
Finalmente, el artículo segundo especifica que el descuento del 50% se aplicará de manera mensual durante todo el tiempo en que el funcionario permanezca en el ejercicio del cargo.
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