Catorce delincuentes prófugos de la justicia, varios de ellos muy peligrosos, y que cobraban una pensión no contributiva por invalidez laboral, fueron detenidos en los últimos días a través de un operativo conjunto instrumentado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Diego Spagnuolo; y el Ministerio de Seguridad de la Nación, que comanda Patricia Bullrich. Se trata de beneficiarios de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Entre las personas detenidas había acusados por robo agravado, intento de violación y robo agravado, entre otros delitos graves. Uno de ellos acumula ocho causas.

El dato de los prófugos que cobraban el beneficio que otorga el Ministerio de Salud, a través de la ANDIS surgió en las auditorías sobre las más de 1.250.000 personas beneficiadas con pensiones no contributivas por discapacidad laboral impulsadas por Spagnuolo.

Los primeros distritos compulsados son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Las auditorías -en pleno proceso- ya revelan “un esquema de corrupción a través del cual se desvían fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año”, según la evaluación que realizó el abogado Spagnuolo.

Ese peinado, a través del entrecruzamiento de datos con las bases de la Dirección General Impositiva, ANSES, Migraciones, y los ministerios de Seguridad y Justicia revelaron que 131 personas que cobraban una pensión por invalidez laboral eran prófugos, tenían pedido de captura. A partir de ese dato, los responsables de la ANDIS y Seguridad diseñaron una estrategia, que podría naufragar.

Se enviaron comunicaciones a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, y notificaciones a los domicilios declarados y conocidos de los prófugos. El texto, en principio inocente y sencillo, explicaba, palabras más, palabras menos, que la ANDIS realizaba un reempadronamiento presencial. Y que, para no perder el beneficio, debían presentarse a realizar un trámite entre el lunes 22 y el martes 23 a las instalaciones de la institución.

Un buen número de las 131 personas buscadas por jueces y fiscales, no pudieron ser notificados. En algunos casos, incluso, no había manera de hacerles llegar la citación. Pero catorce de ellos fueron y, después de acreditar su identidad, personal de la Policía Federal Argentina los esposó y los puso a disposición del juzgado interviniente.

¿Cayeron por creerse impunes, por confiados, por querer seguir abusando del Estado? Ante la incredulidad de ese medio, las autoridades recordaron que decenas de prófugos son detenidos en la mesa de votaciones, cuando van a la escuela de sus hijos que se gradúan, cuando visitan a sus madres el día de su cumpleaños o, como se plasmó en la película El secreto de sus ojos, al asistir a la cancha para alentar a su equipo de fútbol.

Desde la ANDIS se informó que “ya se inició el procedimiento de baja inmediata de la pensión que percibían de parte del Estado Nacional” y destacaron que: “El operativo es un paso decisivo en la lucha contra la impunidad y el uso indebido de los recursos destinados a las personas con incapacidad laboral”.

Desde la Casa Rosada recalcaron que “el Ministerio de Salud, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, trabaja con el objetivo de transparentar el sistema y garantizar la optimización de los recursos públicos”.

Según la descripción realizada por los funcionarios de la ANDIS, “los resultados de la primera etapa de la auditoría realizada en la Ciudad de Buenos Aires son inquietantes”. Del corte de los 10.000 beneficiarios contactados, el 33% “no pudo ser localizado en los domicilios indicados”, un hecho que, según se lee en las planillas, “plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones”.

Además de los 131 beneficiarios prófugos que cobraban la pensión, la revisión de los expedientes y el chequeo de cada caso personal realizados con los peritos médicos arrojaron como resultado que “muchos de ellos presentan incompatibilidades que podrían invalidar su derecho a recibir estas pensiones”. De los pensionados auditados hasta ahora, el 57% “no cumple con los requisitos establecidos”. Es decir, de los 9.336 beneficiarios seleccionados al azar para ser auditados, solo 1.063, apenas el 17%, tuvieron un “resultado positivo”. Por ejemplo, el certificado médico a través del cual se había iniciado el trámite para obtener el beneficio, era compatible con su dolencia, entre otros aspectos.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, el 21% de los beneficiarios no pudieron ser localizados y de los que asistieron a la revisión apenas “el 20% cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa”. El 80% restante “no cumple con los requisitos como tener una discapacidad, o no tener un empleo” y de ese total “el 13% carecía de la documentación necesaria”.

Hay casos que, para las autoridades de la ANDIS “son los más alarmantes” y, según Spagnuolo, forman parte del “negocio de la discapacidad”.

Entre ellos destacan:

• Un hombre tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes y a la citación para ser revisado por el médico auditor “asistió acompañado de un abogado”.
• Había beneficiarios -no se especifica la cantidad- que tenían la documentación incompleta o cuyo diagnóstico clínico era falso y adujeron que recibieron la prensión no contributiva porque “estaban respaldados por representantes del Movimiento Evita”. Alguno de ellos también estaba acompañado por un abogado.
• En otro caso, en vez del beneficiario a la auditoría, llego su hijo. Cuando se le preguntó por el titular del beneficio, reconoció que su padre “vive en Egipto desde hace meses” y que él cobra la pensión.
• Una mujer que intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuya muerte no estaba registrada en los sistemas del Estado. Intentó convencer a los auditores que por un “error” se habían traspapelado los nombres.
• Dos personas beneficiadas cumplían condena desde antes de haber recibido el beneficio. Una de ellas asistió a la auditoría a pesar de estar “cumpliendo arresto domiciliario” y sin haber avisado a las autoridades judiciales. En el segundo caso, se presentó un familiar porque estaba cumpliendo condena en un penal. Ambos recibieron el beneficio de manera exprés en 13 días. Fue otorgado pocos días antes del 10 de diciembre de 2023.
• El vocero presidencial Manuel Adorni informó que un expediente se había iniciado con un diagnóstico en el que como prueba documental se incorporó a foto de un perro.

El Gobierno de La Libertad Avanza, a través de la ANDIS publicó en el Boletín Oficial el Decreto 843/2024, en el que se dispone una batería de cambios para “acceder y mantener” la Pensión “No Contributiva por Invalidez Laboral”, con el propósito de ordenar los criterios de acceso y dar fin a un sistema que utilizó los recursos del Estado para el clientelismo político, perjudicando a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad “sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, e imposibilitada para trabajar”. Con la nueva normativa, el Ministerio de Salud, del cual depende la ANDIS, dio marcha atrás con las “flexibilizaciones” introducidas por el gobierno de Alberto Fernández en 2023, y que, según la interpretación de la Casa Rosada, dio lugar a “usos y abusos” que permitieron otorgar ese beneficio —que puede llegar a un máximo del 70% de una jubilación mínima— a personas que no tenían ningún tipo de dolencia.

Según el decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ex ministro de Salud Mario Antonio Russo, -fue reemplazado por Mario Lugones– la nueva normativa “representa un esfuerzo significativo del gobierno por restaurar la confianza en el sistema de pensiones y garantizar que los recursos lleguen a aquellos que realmente los necesitan”.

La nueva norma establece que solo aquellas personas imposibilitadas para trabajar en forma total y permanente, en situación de vulnerabilidad socioeconómica y sin vínculo laboral formal podrán acceder a la pensión. Para las autoridades de la ANDIS: “Esta medida es crucial para combatir el fraude y asegurar que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan, en un esfuerzo por mantener la integridad del sistema”. A partir del decreto publicado, los solicitantes de pensiones no contributivas en Argentina deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad y demostrar residencia en el país. Para naturalizados, se exige una residencia mínima de tres años; para extranjeros, diez años. Si el solicitante es menor de 18 años, sus padres deben tener tres años de residencia.
• No se permite tener empleo formal ni ser titular de otras prestaciones. Para menores de edad, no debe haber parientes con obligación legal de alimentarlos, a menos que estén imposibilitados de hacerlo. También se excluye la posibilidad de contar con cónyuges o parientes que puedan brindar atención alimentaria con ingresos suficientes.
• Las pensiones no son compatibles con la titularidad de bienes. La Agencia Nacional de Discapacidad determinará los criterios socioeconómicos necesarios para verificar este requisito.
• Los titulares de pensiones no pueden estar detenidos ni a disposición de la justicia.

“En un contexto de austeridad fiscal”, desde La Libertad Avanza se enfatiza en “la necesidad de administrar eficientemente los recursos públicos”. Y destacan: “Esta estrategia no solo busca mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y con una situación de salud desfavorable, sino también garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo”.

Desde la publicación de la nueva normativa y las disposiciones de la autoridades de La Libertad Avanza, las pensiones estarán sujetas a revisiones médicas y socioeconómicas. Para Spagnuolo: “Este enfoque proactivo permitirá identificar y corregir irregularidades, asegurando que los fondos se utilicen de manera adecuada y que las personas que realmente requieren apoyo reciban la atención que necesitan”.

Entre los puntos más destacados, los funcionarios nacionales derogaron “los decretos que habían flexibilizado discrecionalmente los criterios de acceso a la pensión, volviendo a los lineamientos originales, al núcleo duro y fundamental de la ley”. En el artículo 1° se establece que para acceder a la pensión se requiere “incapacidad total y permanente” y detalla que: “Se presume que la incapacidad es total si hay una disminución del 66% o más en la capacidad laboral. Se requiere de Certificado Médico Oficial (CMO) y documentación médica de respaldo”.

El Decreto 843/2024 argumenta que las flexibilizaciones introducidas por la gestión del Frente de Todos “además de desvirtuar la esencia de la pensión concebida en la ley mencionada, generan el efecto opuesto al pretendido, al convalidar, en forma generalizada y sin recaudo alguno, la utilización de fondos destinados a quienes por su incapacidad se ven imposibilitados para trabajar, en personas que no presentan tal condición, dilapidando con ello los recursos del Estado”.

Fuente: Infobae

Rivero. C