Luego de la publicación del decreto que oficializa la disolución de Vialidad Nacional, el diputado de La Libertad Avanza por San Juan, José Peluc, explicó cómo impactará la medida en la provincia. En declaraciones afirmó que no habrá despidos masivos y que los más de 200 trabajadores locales serán reubicados, aunque reconoció que muchos podrían optar por retirarse voluntariamente.
“No se puede sostener una estructura donde el 70% del personal es administrativo y solo el 30% se dedica al mantenimiento de rutas”, lanzó Peluc, al justificar el cierre del organismo como parte de la política de achique del Estado. “Era un sistema sobredimensionado”, insistió.
En total, San Juan cuenta con 218 empleados en Vialidad, de los cuales 153 están contratados de forma temporal. El sindicato del sector ya venía denunciando un “vaciamiento progresivo”, con recortes operativos, suspensión de guardias y paralización de obras en zonas alejadas. La provincia tiene bajo su jurisdicción más de 1.000 kilómetros de rutas nacionales, entre ellas la 40, 20, 141, 150 y 147.
Peluc confirmó que las tareas viales no se detendrán y que las obras en marcha seguirán ejecutándose, aunque ahora todas las funciones pasarán al Ministerio de Economía, bajo un nuevo esquema que incluye también la fusión de la CNRT y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Además, anticipó que en el futuro podría haber rutas concesionadas con peaje: “El Estado no puede mantener todo. Seguramente algunas rutas pasarán a manos privadas, como ocurre en otros países”.
Uno de los nombres que gana protagonismo en esta nueva estructura es Rogelio Cerdera, delegado de la CNRT en San Juan, quien ahora será designado como referente local de la futura Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Su tarea será fiscalizar el mantenimiento de las rutas bajo gestión privada.
El legislador aseguró que “el que trabaja bien no tiene nada que temer” y que el objetivo de estas reformas es “reducir la burocracia y aumentar la eficiencia”. Y adelantó que “más de 100 organismos estatales están bajo revisión”, por lo que podrían esperarse nuevas medidas similares.
Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego expresó su preocupación ante la falta de comunicación previa del Gobierno nacional y advirtió sobre posibles dificultades operativas. “Quiero leer el decreto completo para entender cómo se aplicará en cada jurisdicción”, señaló.
Op: Juan Llarena
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