El Gobierno español, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, ha lanzado un autoritario plan para intervenir en la financiación y regulación de los medios de comunicación.
Este movimiento, presentado por los socialistas como «un esfuerzo por la transparencia y la regeneración democrática«, ha generado graves preocupaciones sobre la libertad de prensa y el control gubernamental sobre los medios opositores.
Específicamente, el Gobierno de Sánchez planea crear un «comité de expertos» encargado de definir lo que constituye una «noticia falsa» y evaluar las desviaciones de las «buenas prácticas» periodísticas. Este órgano tendría la autoridad para señalar a los medios que publiquen «información falsa»y podría censurar a aquellos que no cumplan con los estándares establecidos.
Aunque públicamente no se ha mencionado la imposición de multas económicas, en privado se ha discutido la posibilidad de sancionar a los medios infractores. Esta estrategia podría extenderse a las comunidades autónomas, algunas de las cuales, como la Comunidad de Madrid, han sido criticadas por el PSOE por financiar a lo que denominan «pseudoperiodistas«, es decir, a periodistas opositores que difunden información crítica para Sánchez, como por ejemplo, las causas de corrupción de su esposa y su hermano.
El plan del Gobierno incluye la implementación de un reglamento que exige la «transparencia en la financiación pública de las empresas informativas«. Esta medida obligaría a los medios privados a publicar su financiación para que luego el gobierno socialista tenga la información de quienes son los opositores y posteriormente perseguirlos.
Las fuentes del gobierno español se excusan diciendo que «el objetivo es evitar conflictos entre la información publicada y los intereses de los accionistas». Este enfoque permitiría «identificar a las empresas que se nieguen a ser transparentes«, generando presión para que cumplan con estas nuevas normativas.
Ante esta iniciativa de los socialistas, que va en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha expresado preocupaciónpor las posibles injerencias del Gobierno en el trabajo periodístico.
En un comunicado, la APM subrayó la importancia de «mantener la independencia de los medios y evitar que las medidas de transparencia se utilicen como una herramienta de control gubernamental«. La organización enfatizó que cualquier intento de restringir la libertad de prensa debe ser observado con cautela y criticado cuando sea necesario.
El gobierno español pretende que esta medida también sea adoptada por las comunidades autónomas, creando un frente unificado para limitar la financiación de los medios que no sigan las directrices del Gobierno. Esta estrategia busca asfixiar económicamente a los medios críticos, reduciendo su capacidad operativa y su influencia en la opinión pública.
El plan de Sánchez ha generado un intenso debate sobre las implicaciones para la democracia y la libertad de prensa en España. Estas medidas son un intento de silenciar a los medios opositores y consolidar el control gubernamental sobre la información que llega al público.
La preocupación principal es que, bajo el pretexto de la transparencia y la ética, el Gobierno esté implementando un sistema de censura encubierta. Los medios que no se adhieran al código ético propuesto o que sean señalados por el «comité de expertos socialistas» podrían enfrentar sanciones que comprometerían su sostenibilidad y capacidad operativa.
Por: Rodo Galdeano
Fuente: Derecha Diario
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