La atención a afiliados del PAMI se ve afectada por un paro de 72 horas iniciado este lunes por médicos nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia). La medida de fuerza surge como respuesta a una reciente normativa del organismo que modifica el esquema de pagos a los profesionales de cabecera.
Desde la entidad aseguran que el nuevo modelo, que establece una cápita de $2.100 por afiliado como única forma de remuneración, representa un “recorte encubierto” más que una mejora. Según explican, aunque el monto por paciente aumenta en términos nominales, la eliminación de pagos por consulta presencial y otros incentivos termina reduciendo significativamente los ingresos totales.
Los médicos sostienen que el sistema anterior contemplaba hasta 140 consultas mensuales reconocidas, lo que permitía sostener la actividad profesional. Con la nueva normativa, ese ingreso desaparece y se reemplaza por un esquema fijo que incluye todas las prestaciones, independientemente de su complejidad o frecuencia.
Además, cuestionan la eliminación de incentivos económicos vinculados a la formación y capacitación, lo que —afirman— contradice las exigencias de actualización profesional del propio sistema. “Se incrementan las responsabilidades, pero se reducen los ingresos y el reconocimiento”, señalan.
El conflicto también expone dificultades estructurales en el sostenimiento de consultorios, que deben afrontar costos de alquiler, insumos y servicios. Desde Appamia advierten que el nuevo esquema resulta inviable para muchos profesionales y podría derivar en una reducción de la oferta de atención.
Por su parte, el PAMI justificó los cambios como parte de una actualización del nomenclador médico con el objetivo de unificar criterios y evitar superposiciones normativas. Sin embargo, la medida fue recibida con fuerte rechazo en el sector.
A la situación de los médicos se suma un escenario crítico en odontología, donde se denuncian demoras en pagos por prestaciones realizadas a comienzos de 2026 y falta de reintegros por prótesis desde fines del año pasado. Los profesionales alertan que, de no regularizarse la situación, podría resentirse la continuidad del servicio para los afiliados.
Como alternativa, el sector propone elevar la cápita a un mínimo de $6.500 y reclama la derogación de la resolución vigente, la reincorporación de profesionales desvinculados y una recomposición general de honorarios.
Mientras tanto, el paro impacta en la atención cotidiana de jubilados y pensionados, generando incertidumbre sobre la evolución del conflicto y el funcionamiento del sistema en los próximos días.
Rivero. C
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