Paro de colectivos en San Juan: la UTA notificó al Gobierno por incumplimiento salarial
El gremio confirmó que realizará una retención de servicios de 24 horas el próximo lunes 23 de junio. Reclaman el pago de una diferencia salarial acordada con las empresas de transporte.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), Seccional San Juan, notificó formalmente al Gobierno provincial sobre una medida de fuerza que afectará al servicio de colectivos el próximo lunes 23 de junio. Se trata de una retención de tareas por 24 horas ante el incumplimiento salarial por parte de las empresas de transporte público de corta y media distancia.
Según el comunicado enviado al subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, el gremio reclama el pago de una diferencia salarial establecida en el acuerdo firmado el pasado 29 de mayo con los representantes de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). El monto debía abonarse el 17 de junio, pero las empresas alegaron falta de fondos provenientes del Estado provincial para justificar el incumplimiento.
Desde la UTA aseguraron que “la situación financiera del Estado nada tiene que ver con los trabajadores” y remarcaron que se trata de una “nueva violación de un acuerdo salarial vigente”.
El gremio ya formalizó una presentación ante la Subsecretaría de Trabajo, amparando su medida en los artículos 1031 y 1032 del Código Civil y Comercial, y en jurisprudencia laboral. En su comunicación oficial, advirtieron que “la alteración de la paz social” es responsabilidad del sector empresarial y que, de no haber una respuesta favorable, el paro se concretará, afectando a miles de usuarios del transporte público en toda la provincia.
Por su parte, el secretario de Transporte de San Juan, Marcelo Molina, se refirió a la situación en declaraciones radiales. Aclaró que el Gobierno “no tiene relación directa con los trabajadores” y que la responsabilidad de garantizar el servicio es de las empresas concesionarias. Además, advirtió que cada vez que se interrumpe la prestación, “se aplican multas” conforme a lo establecido por ley.
El funcionario también señaló que las sanciones económicas se definen tras un proceso administrativo en el que las empresas pueden presentar descargos. En paralelo, el Ejecutivo analizará cómo impacta esta situación en el esquema tarifario vigente.
POR LIC. EUGENIA VILA
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