En medio de un clima de creciente tensión con los gremios docentes, el gobernador Marcelo Orrego salió a defender con firmeza la última propuesta salarial presentada en paritarias y aseguró que el ofrecimiento oficial “está por encima de la inflación”.
Las declaraciones del mandatario se dieron pocas horas después de que UDAP, UDA y AMET avanzaran con una impugnación formal ante la Subsecretaría de Trabajo, en rechazo a medidas que —según sostienen— afectan el derecho a huelga en el sector educativo.
En ese contexto, Orrego buscó reforzar el eje central de la propuesta oficial: la recomposición del poder adquisitivo. “Hicimos una propuesta superadora, donde ningún docente de grado va a cobrar menos y se contempla un incremento de 150 mil pesos”, afirmó, al tiempo que insistió en que, al analizar la totalidad de los ítems salariales, el aumento supera la inflación.
El Gobernador también puso el acento en el esfuerzo financiero que realiza la provincia para sostener esa oferta. En particular, recordó que San Juan debió hacerse cargo de fondos que anteriormente enviaba Nación, como el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el de Conectividad. “Sin titubear, lo suplimos porque entendemos la realidad de los docentes”, señaló, marcando una diferenciación entre su reconocimiento al sector y el conflicto con las dirigencias gremiales.
Además de la discusión salarial, Orrego defendió el rumbo de su política educativa. Destacó avances en el Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, la continuidad del programa de entrega de computadoras y la implementación del Boleto Educativo Gratuito como herramientas clave para fortalecer el sistema.
Sobre el cierre, el mandatario volvió a remarcar la importancia del equilibrio fiscal, al advertir que cualquier mejora salarial tiene impacto en el conjunto de la administración pública. “No se trata solo de 20 mil docentes, sino de cerca de 50 mil empleados públicos”, explicó.
Con el conflicto aún abierto y a la espera de definiciones en el ámbito laboral, el Gobierno provincial mantiene su postura: sostener la oferta salarial, garantizar la presencialidad en las aulas y avanzar en una salida negociada sin comprometer las cuentas públicas.
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