Orden judicial obliga a cubrir medicación de alto costo a un menor, en medio de la crisis y reestructuración de la obra social militar

La Justicia Federal ordenó a la ex obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, IOSFA, garantizar la entrega de un medicamento esencial a un niño de 12 años que padece déficit de hormona de crecimiento. Sin embargo, pese a la medida judicial, la provisión del tratamiento volvió a interrumpirse, lo que mantiene abierto un conflicto que promete extenderse en los tribunales.

El menor, afiliado a través de su padre —integrante de Gendarmería Nacional—, requiere la aplicación diaria de una medicación de alto costo, cuyo valor mensual ronda los dos millones de pesos. La cobertura había sido suspendida por la obra social en el marco de una profunda crisis financiera que atraviesa la entidad, lo que motivó la presentación de un recurso de amparo con medida cautelar.

A partir de esa acción judicial, el suministro se reanudó en junio del año pasado. No obstante, según consta en el expediente, la entrega se habría cumplido solo hasta enero, situación que fue denunciada recientemente por la familia del menor.

En paralelo, la obra social solicitó el cierre del proceso bajo el argumento de “caducidad de instancia”, al sostener que la parte demandante no impulsó el expediente en los plazos previstos. Este planteo fue rechazado por el padre del niño, quien, a través de su abogado, aseguró que aguardaban la resolución de instancias superiores. La definición quedó en manos del Juzgado Federal N°1 de San Juan.

El caso se inscribe en un contexto de fuerte transformación institucional. Por decisión del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, IOSFA fue desdoblada recientemente en dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg), generando incertidumbre entre los afiliados en pleno proceso de transición.

Referentes de los usuarios advierten sobre un deterioro en las prestaciones, especialmente en el interior del país, donde denuncian dificultades para acceder a servicios básicos de salud.

En el plano judicial, la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza ratificó el fallo de primera instancia y subrayó la primacía del derecho a la salud, en particular tratándose de un menor. Los jueces remarcaron que la interrupción del tratamiento podría provocar un daño irreversible y que el alto costo del medicamento no justifica su suspensión sin pruebas concretas de imposibilidad financiera.

Pese a ese respaldo judicial, la controversia sigue abierta. La familia denunció nuevas demoras en la entrega del fármaco y advirtió que cerrar el proceso implicaría dejar al menor sin cobertura efectiva. El expediente, ahora, se encamina a una nueva definición en medio de una disputa que combina urgencias médicas, restricciones presupuestarias y cambios estructurales en el sistema de salud de las fuerzas federales.

Op: Juan Llarena