Operación Viuda Negra: trasladan a la cárcel a la principal acusada y dictan prisión preventiva para todo su clan
La Justicia sanjuanina endureció las medidas contra Carina Godoy y su entorno familiar por la causa de estafas a jubilados. Investigarán durante un año el presunto despojo de propiedades y ahorros a adultos mayores vulnerables.
El avance de la causa que investiga a la presunta banda liderada por Carina Fernanda Godoy sumó este tramo decisivo en los tribunales provinciales. La Justicia dictó seis meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial para la principal sospechosa, modificando su situación anterior bajo arresto domiciliario, mientras que el resto de los integrantes del clan familiar recibió diferentes medidas de coerción.
La resolución, adoptada tras la ampliación de la investigación por presuntas estafas y despojos patrimoniales, también afectó a los demás involucrados en la trama. María Alejandra Pugliese y Analía Rodríguez cumplirán tres meses de prisión preventiva en el Penal de Chimbas; Rocío Solar fue alcanzada por la misma medida por idéntico plazo en el establecimiento carcelario; en tanto que Enzo Araya y Brisa Rodríguez cumplirán tres meses de prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria.
Radiografía del fraude a jubilados
La investigación, comandada por el fiscal Eduardo Gallastegui junto a la ayudante fiscal Milena Berbari —integrantes de la UFI Delitos Informáticos y Estafas—, expuso un esquema delictivo que operaba mediante el engaño a hombres mayores en situación de vulnerabilidad o soledad. Según la hipótesis preliminar, Godoy se ganaba la confianza de las víctimas simulando asistencia o vínculos familiares para apoderarse de sus ahorros, cuentas bancarias y bienes inmuebles.
El expediente judicial ya contempla siete casos de adultos mayores afectados y al menos tres propiedades usurpadas, escenarios donde los sospechosos realizaban reuniones mientras los dueños legítimos perdían contacto con su entorno. La gravedad institucional del caso se acentúa debido a que una de las víctimas falleció y otra permanece desaparecida.
Finalmente, el magistrado interviniente estableció un plazo de 12 meses para desarrollar la investigación penal preparatoria. Durante este período, la fiscalía buscará consolidar las pruebas recolectadas, definir el grado de participación de cada imputado y determinar si existen más damnificados en la provincia.
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