Mientras actividades como la minería, la energía y los hidrocarburos cuentan con regímenes especiales para atraer capitales, productores olivícolas y pistacheros de San Juan advierten que quedaron excluidos de los principales esquemas de promoción impulsados por el Gobierno nacional. Según sostienen, esa situación genera una fuerte desventaja competitiva y pone en riesgo inversiones que podrían impulsar el crecimiento de dos sectores estratégicos para la economía provincial.
El reclamo apunta tanto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Los empresarios aseguran que los requisitos de ambos programas dejan afuera a buena parte de los proyectos agroindustriales vinculados al olivo y al pistacho, actividades que requieren importantes desembolsos iniciales y largos períodos de recuperación.
“Queda afuera un amplio universo de empresas que realizan inversiones relevantes para la economía real, pero que no alcanzan los requisitos exigidos para acceder a los beneficios”, sostuvo Daniel Fernández, presidente de la Cámara Olivícola de San Juan.
La principal dificultad está en los montos exigidos. El RIGI establece un piso mínimo de inversión de 200 millones de dólares, una cifra que resulta inalcanzable para la mayoría de los emprendimientos agrícolas. Al mismo tiempo, muchas de las empresas del sector tampoco pueden acceder al RIMI porque no encuadran dentro de las categorías pyme contempladas por ese programa.
Para los productores, esta situación provoca que los capitales terminen orientándose hacia actividades que sí cuentan con ventajas fiscales, financieras y cambiarias. En un escenario donde los inversores analizan rentabilidad y previsibilidad, sostienen que la agroindustria regional corre con desventaja frente a sectores que disponen de incentivos específicos.
La preocupación crece especialmente en actividades que demandan inversiones de largo plazo. Tanto el olivo como el pistacho requieren importantes desembolsos en tierras, sistemas de riego, plantaciones, infraestructura y tecnología. Sin embargo, los retornos económicos pueden demorar entre ocho y diez años en llegar.
Desde el sector olivícola remarcan que durante ese período deben afrontar costos impositivos que terminan afectando la rentabilidad de los proyectos. Uno de los puntos más cuestionados es el tratamiento del IVA durante la etapa de inversión, que consideran un factor que encarece significativamente el desarrollo de nuevas plantaciones.
En el caso del pistacho, el reclamo se da en un momento particularmente sensible. San Juan concentra cerca del 90% de la producción nacional y atraviesa una etapa de expansión impulsada por la creciente demanda internacional. Sin embargo, referentes del sector consideran que la falta de herramientas de promoción impide aprovechar plenamente esa oportunidad.
Patricio Vallejo, uno de los impulsores de la futura cámara pistachera, aseguró que la ausencia de incentivos genera “una desigualdad total” frente a otros sectores productivos y obliga a replantear muchas decisiones de inversión.
Los empresarios destacan que tanto el pistacho como el olivo representan alternativas concretas para diversificar la matriz productiva sanjuanina, incrementar exportaciones y generar empleo en zonas rurales. Sin embargo, advierten que sin un esquema que contemple las particularidades de estas actividades será difícil sostener el ritmo de crecimiento que mostraron en los últimos años.
Por eso, mantienen expectativas sobre proyectos legislativos que buscan crear herramientas específicas para inversiones productivas de escala intermedia, destinadas a empresas que hoy quedan atrapadas en una zona gris: demasiado grandes para acceder a los beneficios para pymes y demasiado pequeñas para ingresar a los regímenes pensados para megaproyectos.
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