El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur encendió señales de alerta en el sector olivícola de San Juan y del resto del país. Los productores advirtieron que, de avanzar el tratado, podrían quedar expuestos a una competencia desleal, principalmente por los subsidios que reciben los aceites de oliva europeos —especialmente los de origen español—, lo que les permite ingresar a otros mercados a precios muy bajos.
Aunque el acuerdo se encuentra actualmente suspendido, a partir de gestiones impulsadas desde el Gobierno de San Juan, la Cancillería argentina respondió una serie de consultas clave planteadas por el sector. A partir de esas definiciones, los empresarios comenzaron a delinear un plan de acción para resguardar a la industria local.
Si bien se trató de una comunicación de alcance nacional, las gestiones se iniciaron en la provincia, a partir del diálogo entre cámaras locales y autoridades provinciales con el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la respuesta oficial, Cancillería aclaró varios de los puntos planteados por los olivícolas.
Uno de los principales interrogantes fue si existía la posibilidad técnica o jurídica de excluir al aceite de oliva del proceso de desgravación arancelaria previsto en el acuerdo UE-Mercosur. Actualmente, los aceites y aceitunas importados pagan un arancel del 31,5%, que funciona como protección para la producción nacional. Con el tratado, esa tasa se reduciría de manera progresiva.
La respuesta fue contundente: el acuerdo ya fue firmado y ese punto “no está sujeto a negociación”. Daniel Fernández, presidente de la Cámara Olivícola de San Juan, explicó que esta definición no era la esperada por el sector y advirtió que, sin aranceles, los aceites europeos impactarán directamente sobre la producción nacional, ya que “se comercializan a valores por debajo de los costos de producción”.
Sin embargo, los productores encontraron una alternativa posible dentro del propio acuerdo. Según lo informado por Cancillería, es factible recurrir al capítulo 9 del Acuerdo Comercial Interino, que contempla mecanismos de defensa para proteger a la industria y al agro en caso de daño o amenaza grave.
En ese marco, los olivícolas sanjuaninos —responsables de cerca del 90% del aceite de oliva extra virgen del país— junto a productores de otras provincias, comenzaron a trabajar en una estrategia conjunta. El objetivo será demostrar, con informes técnicos, el impacto negativo de competir con productos subsidiados y los riesgos que esto implica para la producción argentina.
“Vamos a tener que articular todas las herramientas que ofrece el acuerdo para demostrar el daño que genera esta competencia desleal”, explicó Fernández. En ese sentido, señaló que deberán documentar los distintos mecanismos de ayuda directa e indirecta que reciben los productores europeos, como beneficios comerciales o promociones estatales.
Desde Cancillería indicaron que el acuerdo prevé la aplicación de salvaguardas bilaterales si se demuestra la existencia de daño o amenaza grave a la rama de producción local. Entre las opciones se mencionan la suspensión de la desgravación arancelaria, la modificación de los plazos de aplicación —que en el caso del aceite de oliva podrían invocarse hasta 18 años después de la entrada en vigencia—, la realización de investigaciones formales y la adopción de medidas provisorias en situaciones críticas.
Desde el Gobierno de San Juan remarcaron que el acuerdo permanece frenado por una judicialización en la Unión Europea, pero subrayaron que, de concretarse, existen herramientas para proteger a la industria local frente a perjuicios concretos.
Finalmente, Fernández destacó el acompañamiento del Ministerio de Producción y la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico de la provincia. “Fue una señal muy positiva para el sector. Ahora nos enfocamos en el trabajo que viene: si no se logra la exclusión, vamos a seguir reclamando mecanismos para que la reducción de aranceles no termine perjudicando a la olivicultura argentina”, concluyó.
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