Emergencia en Discapacidad: qué dice el proyecto
El proyecto de emergencia de Discapacidad propone saldar deudas y actualizar las retribuciones para los prestadores de servicios (transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares). Asimismo, postula aumentar los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero del 2023.
A su vez, se solicita una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron apenas 586 de las 500.000 solicitudes. La iniciativa tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), expresó su postura en un comunicado en donde “manifiesta su enérgico rechazo al proyecto” al entenderlo como “una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”.
La ANDIS interpreta que “la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el modelo social promueven la vida independiente y la eliminación de barreras que perpetúan desigualdades. Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos”. “Es fundamental avanzar hacia un modelo que priorice la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad, asegurando que sus derechos sean respetados y protegidos en todos los ámbitos de la sociedad”, concluye.
Fuente: ÀMBITO
Por: G. Herrera
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