Nueva ley minera: buscan que el impacto económico en San Juan crezca año a año

El Gobierno provincial presentará en los próximos días un proyecto de ley que apunta a fortalecer la participación de proveedores y trabajadores sanjuaninos en la industria minera, con el objetivo de que el impacto económico local mejore progresivamente cada año.

La norma surgió de un acuerdo entre el sector público y privado, y regulará tanto a empresas mineras como a grandes contratistas.

El proyecto, trabajado por los ministerios de Producción y Minería junto a cámaras empresarias de toda la provincia, exigirá que cada empresa presente un Plan de Desarrollo de Proveedores. Este plan deberá renovarse anualmente con objetivos crecientes, y será evaluado por una autoridad mixta entre el Estado y referentes del sector privado.

Además de garantizar el mínimo de 20% de contratación local establecido por el RIGI, la ley pondrá el foco en la calidad de los vínculos comerciales y laborales, el desarrollo tecnológico, la capacitación de mano de obra y la generación de oportunidades en las comunidades donde operan los proyectos.

Una de las novedades es que se establecerá una definición oficial de “proveedor minero local”, diferenciando claramente entre firmas sanjuaninas y aquellas con sede en otras provincias. Esto permitirá priorizar a empresas con capitales, empleados e inversiones radicadas en San Juan y asegurar que las comunidades cercanas a los yacimientos también tengan un lugar competitivo.

El ministro Gustavo Fernández subrayó que la minería justifica estas regulaciones por tratarse de recursos provinciales, y que el nuevo marco legal no solo busca crecimiento económico, sino también transparencia y competencia saludable. Por eso, todos los datos sobre contrataciones e impacto económico serán públicos, promoviendo que las empresas compitan por tener el mejor desempeño local.

Por otro lado, el proyecto incluye normas sobre las inversiones sociales voluntarias que realizan las mineras. A partir de la nueva ley, esos fondos deberán ser coordinados con el Gobierno para que se destinen a áreas estratégicas de desarrollo, y no de forma unilateral.

Así, la ley busca dar un paso más allá de los porcentajes obligatorios, instalando una política de crecimiento sostenido y con control ciudadano sobre el verdadero impacto de la minería en la economía sanjuanina.

 

 

Op: Juan Llarena

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