Este incremento responde no solo al ajuste inflacionario, sino también a la firme adhesión de la provincia al marco regulatorio nacional y a los decretos locales establecidos por la Ley Nº 6.684.

Bajo esta normativa, las multas por conducir en estado de ebriedad se han convertido en un recordatorio implacable de las consecuencias de transgredir las normas. La sanción máxima para esta infracción, aplicada a conductores de transporte público, alcanza los 851.400 pesos, mientras que en el caso de automovilistas particulares, asciende a 354.750 pesos.

El Juzgado de Faltas, bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, enfatiza que estas cifras buscan algo más que recaudar: pretenden disuadir.

Cada peso adjudicado a estas infracciones lleva la intención de construir una conciencia colectiva en torno a los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.

Un catálogo de infracciones severamente sancionadas

Entre las principales infracciones, además del consumo de alcohol, destacan otras que también sufrieron incrementos en sus montos:

• Falta de habilitación o registro vencido: multas que oscilan entre 212.850 y 851.400 pesos, dependiendo del tipo de vehículo.

• Exceso de velocidad: sanción fija de 354.750 pesos.

• No utilizar cinturón de seguridad: 212.850 pesos.

• Transporte de pasajeros excedentes: 141.900 pesos.

Por otro lado, se mantienen las penalidades para los propietarios que permiten que sus vehículos sean conducidos por personas no habilitadas o menores de edad. Estas infracciones conllevan sanciones que también pueden superar el medio millón de pesos.