Montilla se defiende con otra denuncia y pone en la mira a la Policía por la filtración de un video

El juez, investigado por intentar beneficiar a un detenido, acusó ante la Justicia Federal la divulgación de una grabación tomada en la Comisaría 4º. La causa podría volver a la órbita provincial por falta de competencia federal.

El juez de garantías Roberto Montilla volvió a quedar en el centro de la escena judicial y mediática. Esta vez, el motivo fue la presentación de una denuncia en la Justicia Federal por la filtración de un video que lo muestra dentro de la Comisaría 4º, en una situación que podría complicar aún más su situación procesal.

En las imágenes, Montilla aparece solicitando el traslado de un hombre de 84 años —detenido por razones que aún no se esclarecieron del todo— a un hogar para adultos mayores. El hecho fue interpretado como una posible intromisión fuera de su jurisdicción y es uno de los puntos centrales de la investigación por presunta usurpación de funciones e incumplimiento de deberes de funcionario público que lo involucra.

La denuncia del juez se centra en la difusión del material audiovisual y, aunque Montilla evitó confirmar si apuntó directamente contra los efectivos policiales, deslizó que está “defendiéndose” de lo que considera una maniobra para perjudicarlo. Fuentes judiciales indicaron que el escrito fue presentado en una delegación de la Policía Federal, luego de que no se encontrara personal disponible en la Fiscalía Federal. Sin embargo, todo indica que el expediente volverá a la Justicia provincial por considerar que no hay competencia federal en el caso.

No es la primera vez que Montilla contraataca ante el avance de las investigaciones. Semanas atrás había denunciado al fiscal Iván Grassi —quien lidera la causa en su contra— por supuesto incumplimiento de deberes y tráfico de influencias. Aquella presentación fue rápidamente desestimada por el fiscal Francisco Micheltorena, quien calificó la acusación como un ejemplo de “desconcertante ignorancia del derecho”.

Mientras tanto, la investigación principal sigue su curso. El fiscal Grassi tiene un plazo de seis meses para reunir las pruebas que podrían desembocar en un pedido formal de juicio de remoción contra el magistrado, no solo por mala conducta, sino también por un presunto desconocimiento del derecho incompatible con el ejercicio del cargo.

Por ahora, la estrategia defensiva del juez Montilla parece orientada a desacreditar a quienes impulsan el proceso en su contra, aunque la Justicia ya ha dado señales de no convalidar sus maniobras.

Los comentarios están cerrados.